La Policía Nacional intervino tras una denuncia de Bienestar Social: la familia biológica cobró 20.000 euros y simuló gestiones con una abogada falsa
La Policía Nacional ha detenido en Totana (Murcia) a cuatro personas, todas de origen hondureño, acusadas de adopción ilegal, estafa y usurpación de identidad por intentar vender una niña de casi dos años al margen de los trámites legales. El acuerdo entre las dos familias implicadas incluía el pago de 20.000 euros, de los que ya se había entregado una parte, además de abonos semanales y mensuales para cubrir gastos de manutención y supuestas gestiones burocráticas.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Totana y la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación de la Región de Murcia. Según fuentes policiales, la familia biológica convenció a los adoptantes de que el proceso estaba siendo tramitado por una abogada especializada, aunque en realidad no existía tal intermediación legal. Para reforzar la credibilidad del engaño, simularon la intervención de la directora de la guardería donde estaba matriculada la menor, quien realizó llamadas telefónicas para avalar falsamente la legalidad del procedimiento.
El marco legal español establece que las adopciones deben ser gestionadas exclusivamente por las entidades públicas competentes, como las direcciones generales de protección a la infancia, y prohíbe cualquier tipo de compensación económica entre las partes. La Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia tipifica como delito la entrega de menores al margen de estos cauces, con penas que pueden alcanzar los seis años de prisión.
Este caso se suma a otros episodios recientes de tráfico ilegal de menores en España, como el desarticulado en 2023 en Málaga, donde una red internacional cobraba hasta 50.000 euros por gestiones fraudulentas. La Dirección General de Familias de Murcia ha recordado que los procesos de adopción en la región tienen una lista de espera de entre tres y cinco años, lo que, según expertos, incrementa el riesgo de que familias recurran a vías irregulares.
Las cuatro personas detenidas permanecen a disposición judicial. La niña, que no sufrió daños físicos, ha sido trasladada a un centro de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Murcia mientras se resuelve su situación legal.
