El holding público destina 500.000 euros a un seguro de responsabilidad civil para sus consejeros, un 297% más que el contrato vigente, mientras tres de sus últimos presidentes afrontan causas por corrupción
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha licitado un seguro de responsabilidad civil para sus directivos y consejeros por un presupuesto máximo de 500.000 euros, casi cuatro veces más que los 126.000 euros del contrato adjudicado en diciembre de 2025. El incremento, del 297%, coincide con una crisis judicial sin precedentes en el organismo: sus tres últimos presidentes —Belén Gualda, Vicente Fernández y Bartolomé Lora— están imputados en causas por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
El nuevo contrato, con una duración de doce meses, cubre la responsabilidad civil de los altos cargos por decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones. Este tipo de pólizas, conocidas como D&O (*Directors and Officers*), son habituales en grandes empresas, pero el salto presupuestario refleja la exposición judicial de la cúpula de la SEPI. La actual presidenta, Belén Gualda, fue imputada en julio por su papel en el rescate de Tubos Reunidos, financiado con 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La investigación, dirigida por el juez Santiago Pedraz, también afecta al expresidente Vicente Fernández, detenido en diciembre de 2025 en el marco de la ‘trama Leire’.
La situación es inédita en la historia del holding público, creado en 1995 para gestionar las participaciones estatales en empresas estratégicas como Telefónica, Indra o Enagás. El impacto trasciende lo interno: la SEPI es accionista de referencia en cuatro empresas del Ivet 35, y analistas consultados alertan de que la acumulación de causas por corrupción erosiona los estándares de buen gobierno corporativo exigidos por inversores internacionales.
El precedente más cercano data de diciembre de 2025, cuando la SEPI adjudicó el seguro anterior por 126.000 euros, pese a que el presupuesto base inicial era de 350.000. La diferencia entre el coste final y el nuevo techo de 500.000 euros —un 297% superior— sugiere que el organismo anticipa un aumento de las reclamaciones contra sus directivos. El procedimiento de licitación, abierto, no especifica el importe definitivo, pero el valor estimado ya supera en más del triple el gasto actual.
La SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, gestiona participaciones estatales por valor de 28.000 millones de euros. Su papel como brazo inversor del Estado la sitúa en el centro de decisiones con impacto económico directo, como los rescates de Tubos Reunidos (112,8 millones) y Air Europa (475 millones), ambos bajo escrutinio judicial. La imputación de Bartolomé Lora en agosto por el caso Air Europa completa el triplete de presidentes investigados durante la etapa de Pedro Sánchez al frente del Gobierno.
