Hasta el 31 de julio, la Unidad de Víctimas ha realizado 105 entrevistas y ha inadmitido cuatro peticiones, según el protocolo firmado el 30 de marzo.
El Defensor del Pueblo mantiene abiertos 450 expedientes de personas que reclaman el reconocimiento como víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica, de los que 149 ya han alcanzado la fase final de tramitación.
La gestión de estos casos se enmarca en el protocolo firmado el 30 de marzo por el Defensor del Pueblo, el Gobierno y la Iglesia católica, cuyo objetivo es reconocer y reparar a las víctimas de abusos en el ámbito eclesiástico. Hasta el 31 de julio, la Unidad de Víctimas ha realizado 105 entrevistas individualizadas y ha inadmitido cuatro peticiones por no ajustarse al objeto definido en el protocolo.
Esta Unidad de Víctimas, compuesta por profesionales independientes con experiencia en victimología, psicología, criminología y otras ramas jurídicas, comenzó a operar el 15 de abril. Recibe los casos derivados por la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El protocolo establece que, tras analizar cada expediente y escuchar a todas las partes, el Defensor del Pueblo debe emitir, por norma general, una resolución de reconocimiento o denegación de la condición de víctima en un máximo de tres meses, ampliable un mes adicional en situaciones de alta demanda o especial complejidad. La reparación prevista puede ser simbólica o restaurativa —a través de reconocimiento institucional, acompañamiento o petición de disculpas—, y también económica, con el fin de compensar el daño y sufragar tratamientos por posibles secuelas físicas y psicológicas.
Desde la firma del acuerdo, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha subrayado que el proceso persigue «recuperar a la persona y reparar daños», y remarca que «no es un mero trámite burocrático cosificador, sino un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano».
Fuente: El Confidencial
