El Senado bloquea el acuerdo internacional tras interpretar que vulnera la Constitución, aunque el Gobierno asegura haber informado al partido
El Senado rechazó el martes el Tratado de Amistad con Francia, un acuerdo internacional que requería el visto bueno de ambas cámaras, tras la mayoría absoluta del PP. La decisión se produjo pese a que el Tribunal Constitucional avaló el texto la semana pasada y al hecho de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, contactara con responsables del partido para aclarar dudas.
Fuentes del Ministerio de Exteriores confirmaron que Albares llamó a los portavoces del PP en el Congreso y el Senado, Carlos Floriano y José Antonio Monago, así como al asesor diplomático de Alberto Núñez Feijóo, Ildefonso Castro. Además, el secretario de Estado de Exteriores, Diego Martínez Belío, se reunió con Floriano y habló con Castro, entregándoles documentación sobre el tratado y aclarando los aspectos solicitados. Sin embargo, el PP mantuvo su postura de rechazo, argumentando que el artículo 2.4 del acuerdo —que permitía la participación de un ministro francés en el Consejo de Ministros— era contrario a la Constitución.
El tratado, suscrito en enero de 2023, fue rechazado inicialmente en el Congreso en mayo de 2025 por la misma razón. Para solventar el conflicto, ambos gobiernos acordaron en abril que la participación no sería en el Consejo de Ministros, sino en reuniones paralelas. No obstante, el PP insistió en su rechazo y remitió un recurso al Constitucional, que finalmente dio luz verde al texto. La decisión del Senado, con mayoría absoluta del PP, impide ahora su ratificación.
El tratado, que incluye un acuerdo interpretativo para evitar conflictos constitucionales, es clave para reforzar la cooperación bilateral en áreas como defensa, energía y migración. Su rechazo deja en suspenso un instrumento que Francia considera estratégico, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas.
El PP justifica su postura en la interpretación de que el texto vulnera la soberanía española al permitir la participación de un ministro extranjero en reuniones de alto nivel. El Gobierno, por su parte, insiste en que se cumplieron todos los trámites legales y que el rechazo responde a una decisión política, no jurídica.
