El Gobierno ha reubicado a 144 menores y ha devuelto a 8.243 personas a Marruecos, pero la crisis sigue sin resolverse y Vivas declara el miércoles ante la Audiencia Nacional.
Dos meses después de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes por la frontera de Ceuta, la ciudad autónoma sigue sin recuperar la normalidad. El Gobierno estima que aún quedan unos 3.500 inmigrantes viviendo en las calles o en asentamientos improvisados como el de la playa de El Trampolín. El resto ya está en los recursos habilitados en distintas ubicaciones, como la Hípica o el Embolsamiento de Loma Colmenar.
La crisis se desencadenó el pasado 30 de julio y, desde entonces, ha sacudido el panorama político, social y diplomático en España. Ha provocado manifestaciones, desclasificaciones de archivos y un cruce de reproches entre administraciones. Sin embargo, solo dos cargos han dimitido por lo ocurrido: el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, que renunció el 11 de septiembre.
La explicación de la Moncloa no ha cambiado desde el primer día: ninguna alerta podía anticipar la magnitud de la avalancha. Para intentar demostrarlo, el Ejecutivo desclasificó a principios de septiembre 40 documentos con datos de los servicios de inteligencia. Esos informes sí advertían de un incremento del movimiento en la frontera en los días previos y de llamamientos masivos a cruzar. También describían una actitud «pasiva» y «negligente» de las fuerzas marroquíes.
Ambos cargos dimitidos aseguran que avisaron desde semanas antes de la movilización. Pérez Triano afirmó en su último discurso que «desde el primer momento» se transmitió lo que estaba ocurriendo y se pidieron «refuerzos». Sanz sostuvo que «sí informó» al delegado. Desde el Ejecutivo, la intención es que toda responsabilidad se quede en ese nivel.
La jueza Tardón investiga la entrada masiva del 30 de julio
Esa intención puede irse al traste con la vía judicial ya abierta para aclarar lo sucedido los días 30 y 31 de julio. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, comparecerá el miércoles ante la Audiencia Nacional como testigo. La jueza María Tardón dirige una investigación para determinar la autoría de la entrada masiva y las posibles responsabilidades penales y administrativas en la respuesta del Estado.
El Gobierno tardó casi un mes en nombrar un Mando Único para la crisis. Ahora sus energías están focalizadas en la tramitación de los expedientes de asilo. Para ello necesita que todos los inmigrantes estén alojados en los espacios de acogida habilitados en las últimas semanas, un proceso que no ha estado exento de polémicas ni de paralizaciones temporales por parte de la Justicia, como ocurrió con el campamento del puerto.
En esos espacios se han realizado 3.230 triajes a adultos para recopilar la información que determinará el derecho de cada uno a permanecer en España. El Ejecutivo insiste en que prácticamente ninguno de los inmigrantes que llegaron el 30 de julio tendrá derecho a asilo. El ministro de Política Territorial y Mando Único de la crisis, Ángel Víctor Torres, ha señalado que muchos desisten y vuelven a su país al ver que quizás no cumplen los requisitos.
Torres informó el martes de que desde el 10 de agosto han regresado a Marruecos 8.243 personas. La gran mayoría, 7.794, fueron retornos voluntarios, y otras 449, expulsiones. La ley fija un plazo máximo de 12 semanas desde la solicitud hasta la resolución. El Gobierno trabaja ya en una reforma legal para acortar ese tiempo con un régimen excepcional específico. La norma iba a aprobarse en el Consejo de Ministros de el martes, pero se pospuso al copar el decreto de vivienda toda la atención.
Más de 2.400 menores tutelados y 700 sin contabilizar
La acogida de los menores migrantes no acompañados es otro de los asuntos que más polémica ha generado. La ley es más estricta y protectora con la infancia migrante y no permite devoluciones sin una serie de garantías. Mientras el Gobierno sostiene que la mayoría de los adultos retornará a Marruecos, en el caso de los menores asume que sucederá lo contrario.
Ceuta tiene la tutela de los menores, pero no tiene capacidad para asumir la acogida de todos los niños que llegaron el 30 de julio. Hay más de 2.400 menores en el sistema de protección autonómico y se calcula que aún quedan más de 700 deambulando o sin contabilizar en los recursos formales. La vía que defiende el Ejecutivo es trasladar a gran parte de ellos al resto de comunidades autónomas.
La mayoría de las comunidades gobernadas por el PP se han opuesto desde el principio a esa medida. Defienden que estos niños sean directamente reagrupados con sus familiares en Marruecos. Esto ha elevado la presión sobre Vivas, del PP, que se ha encontrado entre la espada y la pared y ha evitado pronunciarse sobre el asunto en estos dos meses.
Torres informó de que ya se han producido 69 reagrupaciones familiares en la Península. Desde comienzos de agosto se han reubicado otros 144 menores en distintas comunidades a través del mecanismo de solidaridad obligatoria que impone la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería aprobada en 2025. Hay, además, ocho expedientes de reagrupación en Marruecos pendientes de resolver.
La situación no es la misma que la de hace un mes, cuando predominaban los altercados en las calles y un clima de crispación ante la vuelta a las aulas. El objetivo principal es volver a la normalidad cuanto antes, pero los plazos administrativos y judiciales van a otro ritmo. Todo apunta a que la crisis se alargará, como mínimo, unas cuantas semanas más. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya asumió ese escenario y dijo que su previsión es que la crisis esté solventada antes de diciembre.
