Ayuso y Almeida exigen desalojar la Puerta del Sol; en 2026, profesores ocuparon Valencia sin que la Policía Local pudiera actuar
Cientos de manifestantes acampan por quinta jornada consecutiva en la Puerta del Sol de Madrid, replicando el modelo de protesta ilegal que en junio de 2026 paralizó la plaza de la Virgen en Valencia con profesores en huelga. En ambos casos, el Gobierno central —representado por el delegado Francisco Martín en Madrid y la delegada Pilar Bernabé en Valencia— ordenó no actuar contra los ocupantes, mientras alcaldes y presidentes autonómicos acusan a la Policía Local de carecer de competencias para disolver concentraciones que prolongan reivindicaciones previas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida califican la acampada madrileña de ilegal y amenazan con llevar el caso a los tribunales si no se desaloja en las próximas horas. En Valencia, la alcaldesa María José Catalá denunció que Bernabé —candidata a la alcaldía en 2027— eludió sus competencias al permitir la ocupación, pues la Policía Local no puede disolver concentraciones que son continuación de movilizaciones organizadas por la propia Delegación del Gobierno. El presidente valenciano, Juanan Pérez Llorca, acusó a Bernabé de echar gasolina a la huelga educativa con su tolerancia.
La diferencia clave entre ambos casos es el daño a edificios protegidos: en Madrid, los manifestantes han dejado pintadas, orines y basura en Correos y el monumento del Oso y el Madroño, mientras que en Valencia no hubo deterioro. En ambos episodios, las protestas se levantaron tras acuerdos sindicales —en junio de 2026, los docentes aplazaron las movilizaciones hasta el inicio del curso escolar en septiembre de 2026—.
El conflicto refleja un rifirrafe institucional: mientras el Gobierno central prioriza el derecho de reunión, ayuntamientos y comunidades exigen que se aplique la legalidad. En Madrid, la tensión escaló cuando Almeida y Ayuso exigieron explicaciones a Martín; en Valencia, Catalá y Pérez Llorca criticaron la pasividad de Bernabé, que justificó su postura apelando a que los profesores actuaban en el marco de una huelga indefinida convocada contra el Gobierno autonómico.
La acampada madrileña, sin fecha de fin, ya supera en duración a la valenciana (ocho días en junio de 2026). Mientras, los daños materiales en edificios emblemáticos —ausentes en Valencia— podrían agravar la presión sobre el delegado Martín para actuar.
