El president catalán busca un pacto educativo con todos los grupos menos Vox, mientras los sindicatos mantienen la presión con huelgas y la consellera Niubó enfrenta exigencias de dimisión
Salvador Illa, president de la Generalitat de Cataluña, ha convocado este viernes a todos los grupos parlamentarios —excepto Vox— para negociar una hoja de ruta educativa que evite el colapso del sistema tras los resultados de PISA y la crisis con los docentes. La reunión marca el inicio de un proceso liderado por el presidente del Consejo de Educación de Cataluña (CEC), Joan Manuel del Pozo, que debe culminar en un pacto nacional para 2027, con medidas como la recuperación de lecturas obligatorias en Bachillerato (a partir de 2027-2028) y el compromiso de destinar el 6% del PIB a educación, una demanda histórica sin fecha concreta.
La consellera de Educación, Esther Niubó, ha anunciado ya la vuelta a las lecturas obligatorias en 5º de Primaria y la promoción del cálculo mental y el uso del papel frente a las pantallas. Illa ha descartado por ahora una remodelación de su Gobierno, pese a que Junts, PP, Vox y la CUP exigen su dimisión, y ha atribuido el fiasco de PISA a un «descuido» de su conselleria, no a su gestión. El Govern busca así desvincularse del conflicto salarial con los sindicatos (USTEC y CGT) y centrar el debate en resultados académicos, aunque los paros siguen en pie.
El proceso incluye por primera vez a Alianza Catalana, que hasta ahora rechazaba dialogar con el Govern. Illa ha esbozado un calendario ambicioso: foros territoriales hasta abril de 2027 para cerrar el pacto, pero el desafío es enorme. La oposición ya tachó su gestión de «descalabro» en el Parlament, y los sindicatos mantienen la presión con huelgas, mientras el Ejecutivo intenta climatizar los centros en cinco años y evitar que la crisis educativa se convierta en un lastre electoral antes de las próximas citas con las urnas.
El contexto es clave: Catalunya arrastra resultados académicos en caída desde 2015, con un 40% de alumnos con dificultades en PISA (2022) y un sistema educativo que depende de consensos frágiles. Illa apuesta ahora por aislar el conflicto sindical y proyectar estabilidad, pero el tiempo juega en su contra: las elecciones sindicales de marzo podrían traer nuevos interlocutores, y la presión por mejorar las condiciones docentes —no solo los resultados— sigue sin resolverse.
