600 narcolanchas frente a sus costas y 60.000 entradas ilegales desde 2019, según el Informe de Seguridad Nacional
Andalucía ha pedido al Gobierno de España y a la Unión Europea que la reconozcan oficialmente como **frontera sur de Europa** ante el aumento del narcotráfico y la migración irregular. El último **Informe de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior** confirma que hay **600 narcolanchas** frente a sus costas, convertidas en el principal punto de entrada de drogas en el continente. Además, en **2025 Cruz Roja atendió a 4.700 inmigrantes ilegales** que cruzaron el Mar de Alborán, con rutas que suelen terminar en países como Bélgica, Francia y Holanda.
Desde **2019**, cuando comenzaron los registros oficiales, se han contabilizado **más de 60.000 entradas ilegales** por esta vía. La Administración andaluza alerta de que la situación obliga a articular **seguridad y ayuda humanitaria** sin descuidar el riesgo de **terrorismo yihadista**, dado el cercanía geográfica con el Sahel y el Cuerno de África. El informe subraya que estas realidades convierten a Andalucía en un punto crítico para la estabilidad de las fronteras europeas.
La petición de Andalucía se produce en un contexto donde el **Ministerio del Interior** ya cataloga este fenómeno como una **»vulnerabilidad estratégica»**. La región, junto a Ceuta y Melilla, soporta la presión de rutas migratorias y de tráfico de drogas que, según datos oficiales, han crecido exponencialmente en los últimos años. La solicitud de reconocimiento como frontera sur busca **mayor apoyo logístico y financiero** de España y la UE para hacer frente a una crisis que, según las cifras, no da señales de frenarse.
El Gobierno central y las instituciones europeas aún no han respondido formalmente, pero la presión de Andalucía —con datos en la mano— obliga a una reacción. La región reclama recursos para reforzar vigilancia, rescates en el mar y cooperación con países de origen y tránsito, como Marruecos y Argelia. Mientras, el **Informe de Seguridad Nacional** advierte de que la falta de una respuesta coordinada podría agravar tanto el tráfico de estupefacientes como los flujos migratorios irregulares.
