Más de 25.000 migrantes ya han sido enviados desde que Trump implementó esta política, según ONGs; el Gobierno alega problemas logísticos
Donald Trump ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita continuar con las deportaciones de migrantes a terceros países distintos a sus lugares de origen. El Departamento de Justicia, liderado por el fiscal general Todd Blanche, presentó este jueves una solicitud de emergencia tras una decisión judicial que bloqueó temporalmente estas expulsiones rápidas.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, en Boston, hizo efectiva el miércoles una orden de un juez federal que exige garantías adicionales para los migrantes: deben recibir notificación suficiente y la oportunidad de alegar riesgos de persecución o tortura en el país de destino. El Gobierno de Trump argumenta que estos requisitos generan retrasos logísticos, incluyendo cancelaciones de vuelos.
Desde que se implementó esta política, más de 25.000 migrantes han sido enviados a terceros países, según datos de organizaciones de derechos humanos. El litigio se centra en el equilibrio entre la eficacia de las deportaciones y los derechos fundamentales de los afectados.
El precedente legal y el marco de las deportaciones
Esta medida forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Trump para gestionar la migración, que incluye acuerdos con países como Colombia, Costa Rica y Guatemala. Sin embargo, la decisión judicial en Boston marca un punto de inflexión: por primera vez, un tribunal federal ha cuestionado la legalidad de estas deportaciones, exigiendo un proceso más transparente y con garantías para los migrantes.
El caso se enmarca en un contexto de creciente tensión entre la administración Trump y los tribunales federales, que en los últimos meses han bloqueado otras políticas migratorias, como la prohibición de entrada a ciertos países. La Corte Suprema, con su mayoría conservadora, podría ahora definir si estas deportaciones continúan o si se ajustan a los estándares legales.
Reacciones y consecuencias políticas
Aunque el Gobierno no ha emitido declaraciones públicas sobre la solicitud al Supremo, fuentes cercanas al Departamento de Justicia han señalado que la decisión judicial podría afectar a futuras operaciones de deportación. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han celebrado la orden judicial, argumentando que protege a los migrantes de posibles abusos en los países de destino.
El caso también reviste importancia política en vísperas de las elecciones presidenciales de 2028. Trump ha convertido la gestión migratoria en uno de los ejes de su campaña, promoviendo políticas de ‘tolerancia cero’ y la construcción de un muro en la frontera con México. Si la Corte Suprema falla en contra de su administración, podría debilitar su narrativa de ‘seguridad fronteriza’ ante el electorado.
Mientras tanto, el Departamento de Estado sigue negociando acuerdos bilaterales con países de la región para facilitar estas deportaciones. Sin embargo, la presión judicial y las críticas de grupos de derechos humanos podrían limitar su alcance en el futuro.
La solicitud de emergencia fue presentada horas después de la publicación del mensaje de Blanche en redes sociales, según medios locales.
El tribunal de Apelaciones del Primer Circuito hizo efectiva el miércoles la orden del juez federal de Boston, que exige que los migrantes reciban notificación suficiente y la oportunidad de alegar riesgos de persecución o tortura.
En la decisión del juez federal de Boston, se subrayó que los migrantes deben contar con la posibilidad de presentar pruebas de riesgo de persecución o tortura en el país de destino, y que la falta de una audiencia adecuada viola sus derechos constitucionales. Esta exigencia específica refuerza la postura de los tribunales de que las deportaciones a terceros países deben cumplir con estándares de debido proceso.
