La secretaria general de Podemos exige medidas radicales en vivienda tras el desalojo de una anciana de 87 años en Madrid, con miles de manifestantes y «violencia policial injustificada»
Ione Belarra ha calificado de «asesinato» el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada ayer de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro, y ha acusado al PP y al PSOE de «romper España» con su política de vivienda. La secretaria general de Podemos ha vinculado el caso a una «brecha de desigualdad insoportable» que deja a cientos de miles de personas sin acceso a una vivienda digna.
Belarra, en una entrevista en Televisión Española, ha denunciado que el desahucio de Maricarmen se produjo con «tres líneas de policía» y «violencia policial absolutamente injustificada». Según su versión, los agentes actuaron para proteger un proceso que considera «un asesinato» por las consecuencias vitales que tiene para una persona de su edad. Las manifestaciones contra el desahucio, con miles de participantes, reflejaron «la rabia y el dolor» de una sociedad que, según ella, «ya no aguanta más».
El caso de Maricarmen se enmarca en un problema estructural: los fondos buitre y bancos están comprando viviendas para especular, en lugar de destinarlas a familias. Belarra ha recordado que Podemos propuso hace tiempo expropiar 650.000 viviendas de estos fondos para incorporarlas al parque de alquiler social. Su crítica va dirigida también al Gobierno, al que acusa de aplicar «medidas de maquillaje» en lugar de reformas profundas.
El desahucio de Maricarmen ha servido como detonante para visibilizar una crisis de vivienda que afecta especialmente a colectivos vulnerables. Según datos de la plataforma Stop Desahucios, en 2025 se registraron más de 15.000 desahucios por impago de hipoteca en España, un 12% más que el año anterior. La presión social y política por regular este fenómeno ha crecido en los últimos meses, con iniciativas como el Decreto Ley de Vivienda en tramitación, que incluye medidas como la limitación de los alquileres turísticos en zonas pensionadas.
Mientras, el PP y el PSOE, partidos mayoritarios en el Congreso, mantienen posturas enfrentadas sobre cómo abordar la crisis. El PP defiende flexibilizar las normas para facilitar la oferta privada, mientras el PSOE apuesta por intervenciones públicas más contundentes. Belarra ha aprovechado el caso para exigir un giro radical, advirtiendo de que «el sistema actual está diseñado para expulsar a las personas de sus hogares».
