La candidata de Fuerza Popular, favorita en las encuestas, apuesta por un gobierno sin concesiones a la delincuencia tras décadas de inestabilidad política y judicial
Kiko Sofía Fujimori Piluchi, de 50 años, lidera la carrera presidencial en Perú con un discurso centrado en la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia organizada, tras superar un periodo de investigaciones judiciales que la mantuvieron en prisión preventiva durante año y medio. Según los últimos sondeos, la candidata de Fuerza Popular mantiene una ventaja en intención de voto para la primera vuelta, aunque sin garantías de victoria en el balotaje, donde deberá enfrentarse a rivales como el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el cómico Carlos Álvarez.
Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000 y cumplió prisión por delitos de lesa humanidad, ha logrado limpiar su imagen pública tras la anulación de los cargos por blanqueo de capital en 2024. Su estrategia electoral se basa en recuperar el mensaje de «mano dura» que caracterizó a su padre, ahora adaptado a las preocupaciones actuales de los peruanos: la violencia urbana, los saqueos y la inseguridad que ahuyentan a los emigrantes y paralizan la economía.
La seguridad se ha convertido en el principal problema para los peruanos, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que registró un aumento del 30% en robos con violencia en Lima entre 2022 y 2025. Bandas organizadas controlan barrios enteros, mientras el Estado no logra imponer autoridad. Fujimori promete «cero tolerancia» con la delincuencia, un discurso que contrasta con la percepción de impunidad que domina en el país, donde ocho presidentes se han sucedido en la última década.
Su camino hacia la presidencia no ha sido fácil. Tras tres derrotas consecutivas en elecciones presidenciales (2011, 2016 y 2021), Fujimori acumula un historial de polémicas judiciales y divisiones internas en su partido. En 2023, un conflicto con su hermano Kanji Fujimori —quien intentó disputarle el liderazgo para impulsar el indulto de su padre— terminó costándole la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien dimitió en medio de un escándalo de corrupción.
El legado de Alberto Fujimori sigue siendo un arma de doble filo. Mientras sus seguidores lo recuerdan como el presidente que derrotó a los movimientos terroristas Sendero Luminoso y MRTA y impulsó un modelo económico neoliberal, sus detractores lo asocian con violaciones a los derechos humanos y un gobierno autoritario. Kiko ha intentado distanciarse de ese pasado, pero su conexión con el apellido sigue siendo clave en su estrategia política.
Su formación en administración de empresas en Boston y su máster en Columbia University —obtenidos gracias al apoyo económico de su padre— le han servido para presentarse como una líder preparada para modernizar Perú. Sin embargo, su gestión al frente de Fuerza Popular en el Congreso ha sido criticada por su incapacidad para estabilizar el país, un factor que pesa en su elaborabilidad actual.
El contexto: Perú, entre la inestabilidad política y la crisis de seguridad
Perú enfrenta una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Desde 2016, el país ha tenido ocho presidentes, cinco de ellos destituidos o dimitidos por escándalos de corrupción o incapacidad para gobernar. Esta inestabilidad ha erosionado la confianza en las instituciones y profundizado la sensación de impunidad.
La Defensoría del Pueblo de Perú reportó en 2025 que el 78% de los peruanos desconfía de la policía para resolver casos de delincuencia común, mientras que el 62% considera que la justicia es lenta e ineficaz. Este contexto ha convertido la seguridad en el tema central de la campaña electoral, con candidatos de distintos espectros políticos —desde la derecha conservadora hasta el progresismo— compitiendo por ofrecer las soluciones más contundentes.
Fujimori no es la única que apuesta por un discurso de seguridad. Rafael López Aliaga, su principal rival, ha prometido «limpiar» las calles con mano dura, mientras que Carlos Álvarez, un candidato emergente, combina su imagen de cómico con propuestas de «tolerancia cero» contra el crimen. La diferencia radica en que Fujimori cuenta con el respaldo de un partido consolidado y una base electoral histórica, algo que sus rivales aún no han logrado igualar.
Las implicaciones: ¿Podrá Fujimori romper la maldición de las urnas?
Keiko Fujimori enfrenta un desafío mayúsculo: ser la primera mujer en llegar a la presidencia de Perú, pero también la primera en lograrlo tras tres derrotas consecutivas. Su victoria en la primera vuelta no está garantizada, y los sondeos para el balotaje —previsto para diciembre— muestran un escenario ajustado, con márgenes de error que podrían cambiar el resultado.
Si lograra ganar, se enfrentaría a un Congreso fragmentado y a una sociedad polarizada. Su propuesta de «mano dura» podría calmar las preocupaciones de seguridad a corto plazo, pero también enfrenta el riesgo de profundizar la división social. Además, deberá lidiar con las demandas de reforma judicial que exigen sus detractores, quienes la acusan de haber utilizado el sistema legal para proteger sus intereses políticos.
Su mayor ventaja es el desgaste de sus rivales. López Aliaga, pese a su discurso conservador, ha sido criticado por su gestión como alcalde de Lima, donde la inseguridad y la corrupción persistieron. Álvarez, aunque popular por su imagen cercana, carece de experiencia en gobierno y su propuesta de seguridad carece de detalles concretos.
El tiempo dirá si Fujimori podrá capitalizar el descontento ciudadano y convertir su liderazgo en intención de voto en una victoria real. Lo que sí es claro es que, en un país donde la seguridad y la corrupción dominan el debate público, su discurso resuena con una población cansada de la inestabilidad y en busca de soluciones rápidas, aunque sea a costa de concesiones democráticas.
