Mientras la mayoría de parlamentos autonómicos ya han retomado la actividad, Valencia y Cataluña posponen su debate estrella hasta finales de septiembre y principios de octubre; el PP valenciano prioriza una reforma del suelo y un tribunal de contratos
Isabel Díaz Ayuso e Salvador Illa comparecieron esta semana ante sus respectivos parlamentos,, pero no para el debate de política general, sino por temas concretos: la presidenta madrileña rindió cuentas sobre el estado de la región los días 10 y 11 de septiembre, mientras que el president catalán lo hará el 23 de septiembre para explicar los errores en las pruebas PISA. Sin embargo, las Cortes Valencianas han retrasado su debate estrella hasta el 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, una de las agendas más tardías junto a Cataluña, que lo celebrará en fechas similares.
El retraso valenciano contrasta con el resto de comunidades, donde la actividad parlamentaria ya ha recuperado el ritmo tras el verano. Mientras el Parlamento de La Rioja abrió el 1 de septiembre con un pleno a las 9:00, Galicia, Castilla y León, Murcia, Canarias, Navarra y Aragón ya habían retomado sus sesiones entre el 8 y el 10 de septiembre. Baleares y Andalucía lo hicieron el 15 y 16 de septiembre, respectivamente, y Extremadura y el País Vasco celebraron sus debates de política general el 17 de septiembre.
En el caso valenciano, la demora se explica por la imposibilidad de aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2026 antes del verano, lo que obligó a las Cortes Valencianas a celebrar una Diputación Permanente en agosto con la presencia del conseller de Emergencias —no del president Juanan Pérez Llorca— para abordar los incendios forestales del verano. Ahora, la primera actividad programada será una sesión de comisiones el 22 de septiembre, aunque el debate de política general se pospone hasta finales de mes.
¿Por qué las Corts Valencianas van a la zaga?
El retraso en la agenda parlamentaria valenciana responde a dos factores clave: la falta de consenso para aprobar los Presupuestos 2026 y la priorización de temas urgentes como los incendios. Según datos de la fuente, las Cortes Valencianas trabajaron hasta finales de julio sin poder cerrar las cuentas regionales y su ley fiscal acompañante, lo que retrasó el inicio de la actividad ordinaria.
Además, el PP valenciano, en coalición con Vox, ha centrado sus esfuerzos en dos proyectos legislativos: una reforma de la Ley del Suelo —pendiente desde febrero de 2026— y una modificación de la Ley Forestal de 1993 para compensar a propietarios privados que realicen labores de mantenimiento. Sin embargo, el Tribunal Administrativo Valenciano de Contratos Públicos, impulsado por el Gobierno, enfrenta el rechazo de Vox, que lo considera innecesario.
Otro obstáculo son las cinco iniciativas legislativas populares pendientes, entre ellas una de Ens UNIX (socios del PP en la Diputación de Valencia) para modificar la ley electoral valenciana. Estas propuestas, junto a la falta de acuerdo en los Presupuestos, han ralentizado la agenda legislativa.
El contexto: ¿por qué Cataluña y Valencia retrasan su debate?
Las Cortes Valencianas y el Parlament de Cataluña son las únicas cámaras autonómicas que posponen su debate de política general hasta octubre. En el caso catalán, la comparecencia de Salvador Illa el 23 de septiembre para explicar los errores en PISA refleja una prioridad distinta: la gestión educativa, un tema sensible tras los resultados de las pruebas internacionales.
Mientras, en Valencia, la falta de consenso entre PP y Vox —socios necesarios para aprobar cualquier ley— ha paralizado iniciativas clave. Por ejemplo, la Ley del Suelo, en tramitación desde febrero, aún no ha llegado al parlamento, y la reforma forestal choca con la oposición de Vox a nuevos organismos públicos como el Tribunal de Contratos.
En contraste, otras comunidades como Madrid (debate el 10 y 11 de septiembre), País Vasco (el 17) o Asturias (del 22 al 25) ya han celebrado sus debates, demostrando una mayor celeridad en la vuelta a la actividad ordinaria.
¿Qué se juegan los partidos en Valencia?
Para el PP valenciano, el retraso en el debate de política general permite enfocarse en proyectos legislativos concretos, como la reforma del suelo o la ley forestal, que podrían consolidar su alianza con Vox. Sin embargo, la falta de avances en los Presupuestos —pendientes desde julio— y la oposición de Vox a nuevas instituciones limitan su capacidad de gobierno.
Por su parte, el PSPV y Compromís (en la oposición) podrían aprovechar el retraso para criticar la gestión del Consell, especialmente en temas como los incendios o la educación. La comparecencia del conseller de Emergencias en agosto, en lugar del president Pérez Llorca, ya generó malestar entre la oposición por la falta de transparencia.
Finalmente, el debate de política general, cuando llegue, servirá para que el Consell justifique su gestión ante un parlamento dividido, donde PP y Vox controlan la mayoría pero no siempre coinciden en prioridades.
Mientras, en otras comunidades, los debates ya celebrados han servido para marcar agendas: desde la defensa del techo de gasto en Castilla-La Mancha hasta la gestión de los incendios en Galicia. En Valencia, sin embargo, el retraso refleja una agenda fragmentada, donde lo urgente —como PISA o los incendios— se antepone a lo estratégico, como los Presupuestos o las reformas legales.
