El expresidente pide al juez Calama una comisión rogatoria tras el silencio de Riad sobre el origen de doce joyas de lujo
Un certificado oficial de Arabia Saudí resulta imprescindible para que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero intente archivar su imputación judicial. La causa investiga presuntos delitos fiscal y de contrabando relacionados con varias joyas incautadas en su despacho madrileño de la calle Ferraz. El exdirigente socialista atribuyó el origen del ajuar a un obsequio que le entregó el monarca Abdalá bin Abdulaziz al Saud durante una visita a Madrid.
La documentación de la corte árabe permitiría extinguir la acusación de contrabando al probar que las piezas entraron al país mediante la comitiva real. El delito fiscal quedaría descartado por prescripción legal, al haber transcurrido ya 19 años desde la entrega original en 2007. Las piezas bajo sospecha judicial suman doce joyas elaboradas con rubíes, zafiros y esmeraldas montadas en oro blanco de 18 quilates con diamantes.
Las gestiones directas ante las autoridades de Riad fracasaron por partida doble durante los meses de junio y agosto pasados. La defensa del expresidente remitió sendas cartas a través de la embajada saudí para reclamar una confirmación oficial sin obtener contestación alguna. Ante esta falta de respuesta diplomática, Zapatero ha solicitado formalmente al titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional la emisión de una comisión rogatoria internacional.
El magistrado instructor José Luis Calama amplió las diligencias sobre el expresidente hace tres meses tras el hallazgo de los objetos de valor. Hasta el momento, el juzgado no ha cursado la petición de auxilio judicial a las autoridades de Arabia Saudí para verificar el testimonio aportado por la defensa.
Según la defensa, el regalo se realizó durante la visita del rey saudí a Madrid en 2007, cuando el expresidente estaba en su cargo. Se sostiene que el monarca entregó las joyas como parte de una ceremonia oficial, lo que, de confirmarse, implicaría que las piezas fueron introducidas en España con la autorización de la comitiva real y no a través de canales de contrabando.
