Jordi Hereu y Stéphane Séjourné sellan declaración conjunta para homologación transfronteriza, mientras Bruselas impulsa la ‘Ley de Aceleración Industrial’ con requisitos de fabricación europea
Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, y José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, han firmado este miércoles en Bruselas una declaración de intenciones junto a la Comisión Europea para impulsar el despliegue de vehículos autónomos en la UE. El acuerdo, rubricado con el vicepresidente de la Comisión para Industria, Stéphane Segorbe, busca crear un marco armonizado para su aprobación, ensayo y operación en distintos países, facilitando su comercialización y la interoperabilidad en el mercado único.
La iniciativa, que ya cuenta con el respaldo de 18 Estados miembros —entre ellos Francia, Alemania, Italia o Polonia—, permitirá a los países participantes desarrollar requisitos técnicos comunes, intercambiar información sobre homologaciones y promover el reconocimiento mutuo de autorizaciones en entornos de prueba. Según el comunicado del Ministerio de Industria, el objetivo es «reforzar la competitividad europea en un sector estratégico para la industria de la automoción y la movilidad».
El anuncio llega en un contexto clave: España se suma así a un proyecto que busca evitar la fragmentación del mercado único y acelerar la transición hacia una movilidad más automatizada, un área donde Europa intenta no quedarse atrás frente a EE.UU. y China.
El marco legal: ¿qué cambia con este acuerdo?
El texto firmado no es vinculante, pero sí establece un compromiso político para avanzar hacia una normativa común. Los Estados participantes —que incluyen a potencias como Alemania o Francia— ya habían firmado en junio de 2026 una declaración similar para crear bancos de pruebas transfronterizos a gran escala. Ahora, España se incorpora a este grupo con el fin de alinear sus procesos de homologación con los de sus socios europeos.
Uno de los puntos clave del acuerdo es la creación de un sistema de reconocimiento mutuo de autorizaciones, lo que permitiría a los vehículos autónomos probados en un país operar en otros sin necesidad de nuevas certificaciones. Esto agilizaría su despliegue comercial y reduciría los costes para las empresas, un aspecto crítico en un sector donde la innovación avanza a ritmo acelerado.
El marco legal actual en España, regulado por el Real Decreto 1032/2022 sobre movilidad automatizada, ya permite pruebas de vehículos autónomos en vías públicas bajo condiciones estrictas. Sin embargo, la falta de armonización con otros países europeos ha frenado su expansión. Este acuerdo podría cambiar eso, alineando criterios técnicos y simplificando los trámites administrativos.
La ‘Ley de Aceleración Industrial’: ¿qué pide España a Bruselas?
Durante su reunión con Séjourné, Hereu también abordó la propuesta de la Comisión Europea conocida como Ley de Aceleración Industrial, que incluye medidas para condicionar las inversiones extranjeras directas y exigir un porcentaje de fabricación europea en sectores estratégicos. El ministro español defendió un modelo de «autonomía estratégica abierta», que permita atraer capital extranjero siempre que genere valor añadido para la industria europea, impulse la transferencia de tecnología y fortalezca el tejido productivo local.
Esta postura choca con las posturas más proteccionistas de otros Estados miembros, como Francia o Alemania, que abogan por restricciones más estrictas a las inversiones extranjeras en sectores sensibles. Hereu insistió en que España quiere «desempeñar un papel protagonista» en esta nueva etapa de la política industrial europea, equilibrando atracción de inversión con soberanía tecnológica.
El debate sobre la Ley de Aceleración Industrial es especialmente relevante en un contexto donde la UE busca reducir su dependencia de terceros países en áreas críticas como semiconductores, baterías o inteligencia artificial. La propuesta, aún en negociación, podría incluir cláusulas que obliguen a las empresas extranjeras a fabricar parte de sus productos en suelo europeo para acceder al mercado único.
El conflicto con los sindicatos: ¿puede EU Inc debilitar los derechos laborales?
Another tema abordado por Hereu en Bruselas fue la propuesta EU Inc, un régimen que permitiría crear empresas de manera completamente digital en 48 horas y por menos de 100 euros, sin capital inicial mínimo. Estas empresas podrían operar en toda la UE bajo un único estatuto legal, el llamado régimen 28, lo que simplificaría la creación de startups y la expansión de negocios.
Sin embargo, esta iniciativa ha generado preocupación entre los sindicatos europeos, que alertan de que podría socavar los derechos laborales. Las empresas registradas bajo este régimen podrían adoptar las normas del país donde se constituyan —generalmente aquellos con legislaciones más laxas—, en lugar de las del país donde empleen a sus trabajadores. Esto, según los sindicatos, animaría a las empresas a registrarse en Estados con salarios más bajos y menos protección social, erosionando los estándares laborales europeos.
Hereu transmitió a Esther Lynch, secretaria general de la Confederación de Sindicatos Europeos, que España comparte el objetivo de integrar el mercado único y simplificar trámites administrativos, pero subrayó que cualquier legislación debe «garantizar el pleno respeto a la legislación laboral nacional, los convenios colectivos y los derechos de los trabajadores». Este punto será clave en las negociaciones futuras, donde la UE deberá equilibrar la atracción de inversión con la protección de sus estándares sociales.
¿Qué se juega España en este tablero?
Para España, este acuerdo sobre vehículos autónomos y las negociaciones sobre la Ley de Aceleración Industrial son oportunidades para posicionarse como hub tecnológico en Europa. El país ya alberga sedes de empresas líderes en movilidad automatizada, como Mobileye (filial de Intel) o Navya, y cuenta con polos de innovación en Cataluña, Madrid y Andalucía. Sin embargo, su capacidad para atraer inversión y desarrollar tecnología propia depende en gran medida de cómo se articule este marco legal.
En el caso de los vehículos autónomos, España podría beneficiarse de su posición geográfica y su infraestructura de transporte para convertirse en un laboratorio europeo de pruebas. Pero para ello, necesitará alinear sus normativas con las de otros Estados y evitar la fragmentación del mercado.
En cuanto a la Ley de Aceleración Industrial, el desafío es mayor: España debe convencer a sus socios europeos de que su modelo de «autonomía estratégica abierta» es viable y no perjudica la seguridad industrial. Si logra hacerlo, podría atraer inversiones en sectores clave como energías renovables, hidrógeno verde o inteligencia artificial, áreas donde el país ha identificado oportunidades de crecimiento.
El tiempo dirá si estas iniciativas logran los objetivos marcados, pero lo cierto es que España apuesta fuerte por consolidar su papel en la nueva era industrial europea. Con un Gobierno que ha priorizado la innovación y la competitividad, el desafío ahora será traducir estos acuerdos en resultados tangibles para la industria y los trabajadores.
