El expresidente entrega al juez un escrito que atribuye el origen de las piezas a Abdalá II y Mohamed VI, pero el peritaje y Hacienda siguen investigando
José Luis Rodríguez Zapatero ha entregado este miércoles al juez Calama un escrito en el que justifica el origen de las joyas halladas en su despacho de Ferraz —valoradas en 1,3 millones de euros— como regalos personales de los reyes saudíes Abdalá II (fallecido) y Mohamed VI. Según su versión, recibió los collares en 2007 y 2008 durante encuentros oficiales en Moncloa y Ojuda, respectivamente.
El expresidente asegura que nunca tuvo «conciencia de su valor material» y pide una comisión rogatoria a Riad para que la Corte saudí confirme su relato. Sin embargo, el juez ya ha encargado un segundo peritaje y Hacienda sigue personada en la investigación, que lleva cuatro meses abierta tras la incautación por parte de la UDEF.
La explicación llega tras 126 días de silencio. Zapatero prometió aclarar el origen de las piezas en una semana, pero el caso sigue abierto: las joyas no estaban declaradas y su custodia en un despacho oficial —sin justificación fiscal— genera dudas legales. Además, The Objective ha confirmado que al menos tres collares (tasados en 8.200 euros) proceden de Mohamed VI, mientras el resto del lote —incluido un anillo de diamantes— sigue sin origen claro.
El caso reviste especial relevancia por el perfil de Zapatero: expresidente del Gobierno (2004-2011) y figura clave en la política española reciente. Su gestión de la crisis financiera y su papel en la reforma del mercado laboral lo convierten en un símbolo político, pero también en un caso de corrupción pasiva si se demuestra negligencia en la declaración de bienes. La Fiscalía aún no ha tomado postura, pero la presión judicial crece: el juez Calama ya ha ordenado ampliar el peritaje para determinar el valor real de las piezas.
El contexto legal es clave: según la Ley de Incompatibilidades, los expresidentes deben declarar sus bienes durante un plazo de cinco años tras abandonar el cargo. Zapatero dejó la presidencia en 2011, por lo que su omisión en este caso podría encajar en un posible delito de omisión de deberes si se prueba que ocultó intencionadamente el origen de las joyas. La Agencia Tributaria, por su parte, investiga si el valor de mercado supera los 40.000 euros —límite a partir del cual cualquier regalo debe declararse como renta.
Mientras, la oposición ya ha reaccionado. Feijóo, presidente del PP, ha calificado el caso de «inaceptable» y ha exigido «transparencia total», recordando que su partido impulsó en 2023 una ley para endurecer los controles a expresidentes. Por su parte, Ayuso ha tachado el episodio de «escándalo institucional», aunque sin entrar en detalles legales. El PSOE, en cambio, ha optado por el silencio, evitando pronunciamientos públicos que puedan afectar a su imagen interna.
