Alemania, Suecia, Lituania y Croacia advierten al Gobierno español de que su estrategia de condicionar la entrada de Montenegro y Albania al reconocimiento de lenguas cooficiales es «inaceptable» y «pone en riesgo la unidad europea»
Fernando Sampedro, secretario de Estado para la Unión Europea, defenderá este martes en Bruselas la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez de condicionar el apoyo español a la ampliación de la UE al reconocimiento oficial del catalán, euskera y gallego como lenguas de la Unión. Sin embargo, los ministros de Asuntos Europeos de Alemania, Suecia, Lituania y Croacia han rechazado frontalmente esta propuesta en una reunión celebrada este martes en la capital europea, calificándola de «inaceptable» y «riesgo para la unidad de Europa».
La reunión, convocada como «punto de información» —formato que permite a España exponer su postura sin que se adopten decisiones—, ha servido para que los socios europeos transmitan su rechazo a una estrategia que, según han advertido, «bi lateraliza» la integración europea y mezcla dos procesos distintos: la ampliación de la UE y la cuestión de las lenguas cooficiales.
Günther Krichbaum, secretario de Estado alemán para Europa, ha sido el más contundente: «Estoy en contra de una bilateralización de la integración europea». Krichbaum ha recordado que, si España considera que la defensa de sus lenguas cooficiales debe formar parte de la política de ampliación, el asunto debería ser resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UJUÉ), no por negociaciones políticas entre Estados miembros. «No es útil trasladar una reclamación de carácter doméstico al debate europeo sobre ampliación», ha añadido.
Por su parte, Sigitas Miktus, viceministro lituano de Asuntos Europeos, ha sido directo: «Para Lituania, esto no es aceptable». El Gobierno lituano ha dejado claro que la ampliación de la UE —con Montenegro y Albania como candidatos más avanzados— no puede ser obstaculizada por una cuestión que, según han señalado, «no tiene que ver con los criterios de adhesión».
Jessica Rosencrantz, ministra sueca de Asuntos Europeos, ha reclamado un «proceso serio» basado en análisis técnicos, no en negociaciones políticas. «No es un debate nuevo, pero necesitamos llevar a cabo un proceso riguroso para evaluar las implicaciones de introducir más lenguas oficiales», ha subrayado. Rosencrantz ha insistido en que Suecia «es firme defensora de avanzar con Montenegro y otros países», pero ha advertido de que «estas cuestiones no deben vincularse».
La postura de Croacia, representada por Andreja Metelo-Zombi, secretaria de Estado para Europa, ha sido más cautelosa pero igual de crítica. «Hemos debatido a fondo la propuesta española en el pasado y decidimos mantenerla en nuestra agenda», ha reconocido, aunque ha añadido que «sería de gran ayuda contar con el respaldo de los servicios jurídicos» de la UE para evaluar las propuestas concretas. Metelo-Zombi ha recordado que varios socios siguen exigiendo al Gobierno español que presente «evaluaciones de impacto» realizadas por las instituciones europeas antes de avanzar.
Esta es la octava vez que el Gobierno lleva el asunto a discusión en el Consejo de Ministros de Asuntos Europeos, aunque en esta ocasión se ha limitado a exponer su postura sin buscar un debate formal. España ha optado hasta ahora por negociaciones bilaterales con los países más reticentes, como Alemania, antes de llevarlo a Bruselas. El formato elegido este martes —»punto de información»— permite a España exponer sus argumentos, pero no garantiza intervenciones ni decisiones por parte de los demás socios.
¿Por qué este enfrentamiento? La estrategia del Gobierno español se enmarca en una línea de presión sobre Bruselas para que reconozca el estatus oficial de las lenguas cooficiales dentro de la UE, algo que hasta ahora ha sido rechazado por los Veintisiete. El catalán, euskera y gallego ya tienen reconocimiento en sus respectivas comunidades autónomas, pero su inclusión en el reglamento de lenguas de la UE —que actualmente solo reconoce el español, el francés, el inglés y el alemán como lenguas oficiales— choca con la resistencia de otros Estados miembros, que argumentan que podría abrir una «caja de Pandora» de reclamaciones similares por parte de otros países con lenguas regionales.
¿Qué se juega España? El Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por vincular la ampliación de la UE —un proceso que podría acelerar la entrada de nuevos Estados miembros— a la aceptación de sus lenguas cooficiales. La idea es presionar a Bruselas para que, en un momento de expansión de la Unión, se flexibilicen las normas sobre lenguas oficiales. Sin embargo, los socios europeos ven esta estrategia como un intento de «chantaje» político, especialmente en un contexto en el que la ampliación ya enfrenta retos económicos y geopolíticos.
¿Qué pasa ahora? Aunque España ha evitado un debate formal en esta reunión, la presión sobre Bruselas no cesará. Los socios europeos han dejado claro que no aceptarán condicionar la ampliación a una cuestión de lenguas, pero tampoco descartan un análisis técnico futuro. Mientras, el Gobierno español mantendrá su postura, aunque con menos apoyo del que esperaba. La próxima cita será en el Consejo Europeo de octubre, donde el tema podría volver a surgir, aunque sin garantías de que se alcance un acuerdo.
Contexto: ¿Por qué ahora? Esta estrategia no es nueva. El Gobierno español lleva años intentando incluir las lenguas cooficiales en el marco europeo, pero hasta ahora sin éxito. La diferencia ahora es que, con la ampliación en marcha, España ha decidido usar ese proceso como palanca. Sin embargo, la UE ya ha rechazado en el pasado incorporar nuevas lenguas oficiales por temor a que se convierta en un «precedente» para otros países. El Tribunal de Justicia de la UE ha sido claro: la decisión sobre las lenguas oficiales corresponde al Consejo Europeo, no a negociaciones bilaterales entre Estados miembros.
¿Quién sale perjudicado? Más allá del Gobierno español, los principales afectados son los países candidatos a entrar en la UE, especialmente Montenegro y Albania, que ven cómo su proceso de adhesión se complica por una cuestión ajena a los criterios de membresía. También las instituciones europeas, que podrían verse obligadas a abrir un debate complejo y divisivo en un momento en el que la UE ya enfrenta desafíos internos, como el auge del euroescepticismo y las tensiones geopolíticas.
