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Lun. Sep 21st, 2026

Ceuta colapsa con 1.500 menores no acompañados – el PP y Vox se niegan a acogerlos pese a la ley

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Panarria (CC BY 2.5, Wikimedia Commons)
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La ciudad autónoma supera el 300% de su capacidad de acogida; el real decreto de 2024 obliga a las autonomías a recibir a los menores, pero PP y Vox repiten su rechazo en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía

Ceuta ha recibido más de 1.500 menores extranjeros no acompañados en los últimos días, una cifra que supera en más de cinco veces su capacidad de acogida —solo tiene 29 plazas—. La situación, que ha desatado una crisis humanitaria, obliga a las comunidades autónomas a asumir su tutela según un real decreto aprobado en 2024, que establece que deben recibir a estos menores cuando una región o ciudad autónoma supere el 300% de su capacidad.

Sin embargo, Partido Popular (PP) y Vox —que gobiernan conjuntamente en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía— se niegan a acogerlos, una postura que repiten desde hace años. En 2024, ambos partidos ya bloquearon acuerdos autonómicos para rechazar la tutela de estos menores, argumentando que no es competencia de las comunidades. La ley, sin embargo, les obliga a hacerlo cuando se superan los límites de capacidad, como ocurre ahora en Ceuta.

La polémica refleja un patrón recurrente en la gestión de la inmigración en España: mientras el Gobierno central asume la presión mediática y política por la crisis en Ceuta, las comunidades gobernadas por PP y Vox evitan asumir responsabilidades directas, a pesar de que la normativa les exija hacerlo. La tensión aumenta porque, según datos oficiales, más del 60% de los menores no acompañados que llegan a España terminan en regiones donde estos partidos tienen peso político.

La situación en Ceuta, donde la capacidad de acogida está saturada en un 5.172% (1.500 menores frente a 29 plazas), podría escalar si no se activan soluciones urgentes. Mientras, Marruecos, desde donde parten muchas de estas rutas, no ha confirmado su implicación directa en el aumento de llegadas, aunque la oposición española —especialmente Vox— vincula la crisis con un supuesto pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Rabat para externalizar la gestión migratoria.

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