El expresident valenciano repite su estrategia de silencio judicial mientras ERC le acusa de ‘homicida imprudente’ y las víctimas protestan fuera del Congreso
Carlos Mazón, expresidentaa de la Generalitat Valenciana, ha evitado responder a casi todas las preguntas en su segunda comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso sobre la dana de 2024, que dejó 232 muertos en Valencia. Durante casi dos horas, su respuesta sistemática ha sido ‘no voy a contestar’ o ‘me remito a mi intervención inicial’, amparándose en el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que archivó su imputación por falta de indicios.
El exjefe del Consell, aún diputado en Les Corts, ha rechazado aclarar detalles clave, como sus mensajes del 29 de octubre de 2024 —que la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ya ha solicitado a su defensa— o su gestión de la alerta, que según su versión solo pudo activarse a las 20:00 horas. Documentos presentados por Mazón al juzgado de Catarroja sostienen que ningún retraso previo habría salvado vidas, una tesis que la magistrada considera exculpatoria, pero incriminatoria para otros responsables, como el director general de Emergencias, Javier Pradas, al que sí imputó por el retraso en la alerta.
La comparecencia ha escalado a tensiones políticas. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha actuado como portavoz de las víctimas y ha acusado a Mazón de ‘negligente, inútil y homicida imprudente’, lo que ha provocado reacciones airadas en la bancada popular, con diputados como Fernando de Rosa y Belén Hoyo pidiendo contención. La presidenta de la Mesa, Carmen Martínez, ha recordado que ‘en el Congreso se escuchan insultos todos los días’, pero el tono ha sido especialmente duro: las asociaciones de afectados protestaban fuera del hemiciclo mientras Mazón esquivaba preguntas.
Su abogado, Ignacio Gally, ha dejado claro que la entrega de los wasaps —reclamados por la comisión— dependerá de ‘la necesidad y utilidad’ judicial. Hasta ahora, la defensa no los ha aportado voluntariamente, pese a que la jueza los ha solicitado. La estrategia de Mazón, repetida desde su primera comparecencia en noviembre de 2025, consiste en delegar en los tribunales cualquier responsabilidad política, aunque el TSJCV ya le eximió de imputación en marzo de 2026.
La comisión investigadora, en cambio, no reconoce el mismo límite. Mientras el expresident se escuda en resoluciones judiciales, diputados como Àgueda Micó (Compromís) o Javier Sánchez (Podemos) han insistido en que su silencio contradice su versión oficial: si los mensajes y llamadas no aportan nada relevante, ¿por qué ocultarlos? La presión crece también fuera del Congreso, donde las familias de las víctimas exigen respuestas que Mazón sigue eludiendo.
