El comisionado denuncia que solo el 62% de las resoluciones estimatorias de 2025 se ejecutaron a mediados de 2026
El comisionado de Transparencia, Tomás Quintana, ha pedido este lunes incorporar en futuras reformas de las leyes de transparencia —tanto la estatal como las autonómicas— un mecanismo que garantice el **cumplimiento forzoso** de las resoluciones de estos órganos. Quintana ha recordado que algunas comunidades autónomas, como Navarra, ya han avanzado en esta dirección.
Según datos aportados por Quintana, a mediados de 2026, solo el **62% de las resoluciones estimatorias** adoptadas en 2025 se habían ejecutado. Esto refleja un problema estructural: aunque los comisionados de transparencia pueden exigir el cumplimiento de las normas de acceso a la información pública, carecen de herramientas legales para imponer sanciones efectivas cuando las administraciones incumplen sus resoluciones.
El comisionado ha subrayado que este vacío legal afecta tanto a la **Administración General del Estado** como a las autonomías, donde el ritmo de ejecución varía significativamente. Mientras algunas comunidades, como Navarra, han introducido modificaciones para agilizar el cumplimiento, otras mantienen retrasos sistemáticos. Quintana no ha citado casos concretos, pero su propuesta responde a un patrón recurrente: en 2025, el **38% de las resoluciones** que ordenaban la publicación de información o la corrección de datos erróneos quedó sin aplicar.
La reforma que propone Quintana no solo busca agilizar los plazos —actualmente, algunas administraciones demoran meses en responder—, sino también **dotar a los comisionados de potestad sancionadora**. Esto implicaría, por ejemplo, la posibilidad de imponer multas o incluso recurrir a vías judiciales rápidas para garantizar el cumplimiento. Su iniciativa llega en un contexto de creciente demanda ciudadana por transparencia, especialmente en áreas como contratos públicos, subvenciones y datos ambientales, donde los retrasos son más frecuentes.
La propuesta de Quintana choca con la resistencia histórica de algunas administraciones, que argumentan que las sanciones podrían **desincentivar la colaboración** con los órganos de transparencia. Sin embargo, el comisionado ha insistido en que el objetivo es equilibrar: «No se trata de perseguir, sino de garantizar que las normas se cumplan por igual para todos los ciudadanos».
