La OIReScon alerta de un aumento del 68% en denuncias anuales, mientras las actuaciones preventivas caen un 65% desde 2022 y el sector privado lidera las comunicaciones con el 95,6% de las alertas
José Luis Ábalos, exministro de Sanidad, enfrenta juicio oral en el Tribunal Supremo por la adjudicación irregular de mascarillas durante la pandemia, un caso que forma parte de un aumento sin precedentes en denuncias por prácticas corruptas en contratos públicos. Según el último informe anual de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Opresión), las denuncias por corrupción se multiplicaron por tres entre 2022 y 2025, alcanzando los 102 casos en 2025 —el 19,54% de las 522 comunicaciones registradas—, por encima de irregularidades en adjudicación, fraccionamiento de contratos o vulneración de normativa.
El informe, aprobado el 29 de julio de 2026, refleja un crecimiento progresivo: de 32 denuncias en 2022 a 43 en 2023, 76 en 2024 y 102 en 2025. Estas prácticas, que incluyen conflictos de interés, tráfico de influencias y trato de favor, se han convertido en la principal causa de alerta en contratación pública, superando a otras como fraccionamiento contractual (88 casos en 2025) o irregularidades en adjudicación (89 casos).
El incremento coincide con una mayor exposición judicial de contratos públicos, desde los escándalos de mascarillas durante la pandemia hasta investigaciones en obras de infraestructuras. El Tribunal Supremo investiga a Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por delitos como organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en la compra de material sanitario. Paralelamente, el Supremo analiza adjudicaciones de obras públicas vinculadas al Ministerio de Transportes, como las de la Dirección General de Carreteras y Adif, con sospechas de criterios subjetivos alterados.
Mientras las denuncias crecen un 68% en un año, las actuaciones preventivas contra la corrupción en contratación pública han caído un 65% desde 2022, pasando de 196 en ese año a solo 68 en 2025. La Opresión advierte de una «progresión descendente» en estas medidas, en contraste con el aumento de alertas. Además, el 95,59% de las denuncias en 2025 procedieron del sector privado, frente al 4,41% del sector público, según datos del informe.
El contexto judicial: de las mascarillas a las infraestructuras
El escrutinio judicial sobre contratos públicos comenzó con los contratos de material sanitario durante la pandemia. El caso de las mascarillas, que involucra a Ábalos, García y De Aldama, es el más mediático, pero no el único. El Tribunal Supremo también investiga adjudicaciones de obras públicas vinculadas al Ministerio de Transportes, como las de la Dirección General de Carreteras y Adif. En estas investigaciones, el Supremo ha analizado ofertas que podrían haber sido beneficiadas por criterios subjetivos manipulados, aunque aún no hay condenas firmes.
Otro foco de atención es la llamada «trama de los hidrocarburos», investigada por la Audiencia Nacional por un presunto fraude fiscal de 182,5 millones de euros entre 2022 y 2024. Aunque esta causa no se centra en contratación pública, comparte protagonistas con el caso de las mascarillas, como De Aldama, lo que refuerza la conexión entre corrupción en adjudicaciones y delitos económicos.
¿Por qué el sector privado denuncia más que el público?
El informe de la Opresión revela una disparidad significativa en el origen de las denuncias: en 2025, el 95,59% procedieron de empresas privadas, mientras que solo el 4,41% fueron presentadas por administraciones públicas. Este dato contrasta con la reducción de actuaciones preventivas por parte de los organismos antifraude, que han pasado de 196 en 2022 a 68 en 2025. La Opresión, dependiente del Ministerio de Hacienda, atribuye este descenso a una «progresión descendente» en las medidas de prevención, aunque no especifica las razones.
Este contexto plantea preguntas sobre la eficacia de los mecanismos de control y la percepción de riesgo en el sector privado. Mientras las denuncias se disparan, las herramientas para prevenir la corrupción en contratación pública se reducen, lo que podría aumentar la vulnerabilidad del sistema. La Opresión no ha detallado si esta caída responde a recortes presupuestarios, cambios en protocolos o una priorización de otras áreas.
Implicaciones políticas y el futuro de la contratación pública
El aumento de denuncias y la reducción de actuaciones preventivas tienen implicaciones directas para la gestión pública y la confianza ciudadana. Partidos como el PP y Vox han criticado en repetidas ocasiones la opacidad en los contratos públicos, mientras que el PSOE y Sumar defienden reformas para agilizar los procedimientos sin perder transparencia. La Opresión, creada en 2021 para supervisar la contratación pública, enfrenta ahora el reto de equilibrar el aumento de alertas con recursos limitados.
El caso de las mascarillas y las investigaciones en obras públicas han puesto en evidencia la necesidad de reforzar los controles, especialmente en sectores con alto volumen de adjudicaciones, como infraestructuras y sanidad. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo siguen con sus investigaciones, pero el impacto político ya es palpable: la contratación pública se ha convertido en un tema clave en el debate sobre corrupción, con posibles consecuencias en las próximas elecciones.
Mientras, la Opresión trabaja en un plan para 2026 que podría incluir más recursos para investigar denuncias y mayor coordinación con otros organismos antifraude. Sin embargo, la reducción de actuaciones preventivas en los últimos años sugiere que, de momento, la prioridad no está clara.
