El órgano judicial pide en 20 días los documentos administrativos tras la llegada masiva de julio, mientras la policía denuncia falta de recursos
La Audiencia Nacional ha ordenado al Ministerio de Transportes que remita en 20 días el expediente administrativo del campamento improvisado en el Puerto de Ceuta, donde permanecen 1.700 migrantes desde la entrada ilegal masiva registrada los días 30 y 31 de julio. El auto judicial busca esclarecer las circunstancias de la instalación del campamento y su gestión, en un contexto de saturación de recursos en la ciudad autónoma.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ya había alertado en julio sobre la falta de coordinación entre administraciones para gestionar la crisis, que dejó a Ceuta con 1.000 migrantes más de su capacidad oficial. La Audiencia Nacional actúa ahora para evitar que la situación se repita, aunque el plazo de 20 días —prorrogable— podría alargarse si el Ministerio no aporta la documentación con urgencia.
El campamento, ubicado en un espacio portuario no diseñado para albergar personas, depende de la colaboración entre el Ministerio de Transportes, el Gobierno central y la ciudad autónoma de Ceuta. La presión judicial llega cuando el PP y Vox exigen ya la devolución de los migrantes a Marruecos, mientras el Gobierno analiza opciones legales para evitar un nuevo colapso humanitario.
La decisión de la Audiencia Nacional contrasta con la ausencia de un plan estatal consolidado para situaciones similares. En julio, la Generalitat Valenciana ya denunció que el Estado no activó protocolos de emergencia pese a las advertencias previas sobre posibles oleadas migratorias. Ahora, el órgano judicial obliga a documentar una respuesta que, según el SUP, sigue siendo reactiva y desorganizada.
El Ministerio de Transportes, responsable de la gestión portuaria, debe coordinar con la ciudad autónoma de Ceuta y el Gobierno central para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa en el puerto, donde se ha instalado el campamento en las últimas horas.
