La Comisión Bilateral resuelve el conflicto por los preceptos más polémicos de la norma autonómica, que afectan a 120.000 viviendas sociales en Andalucía
Rocío Díaz, consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, anunció este viernes en Granada el acuerdo definitivo con el Gobierno central para desbloquear la aplicación de la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía, tras meses de tensiones competenciales. El pacto, alcanzado en la Comisión Bilateral de Cooperación, evita un conflicto legal que podría haber paralizado 120.000 viviendas protegidas en la comunidad.
El conflicto surgió en diciembre de 2025, cuando el Gobierno cuestionó la competencia autonómica para regular aspectos clave de la ley, como los criterios de adjudicación de viviendas sociales y los límites de alquiler en zonas turísticas. La Junta defendió su autonomía, mientras que el Ejecutivo central alegó que algunos preceptos vulneraban competencias estatales en materia de vivienda.
El acuerdo, alcanzado tras reuniones técnicas en los últimos tres meses, establece que Andalucía podrá aplicar los preceptos controvertidos siempre que se ajusten a los estándares estatales en materia de precios máximos y acceso a la vivienda protegida. Según fuentes de la Consejería, el texto definitivo incluye un mecanismo de revisión periódica para garantizar la armonización con la normativa estatal.
El conflicto que paralizó 120.000 viviendas
La ley autonómica, aprobada en diciembre de 2025, pretendía agilizar el acceso a la vivienda protegida y limitar los precios en zonas con alta demanda turística, como la Costa del Sol. Sin embargo, el Gobierno central bloqueó su aplicación en enero de 2026, argumentando que algunos artículos —como los que establecían umbrales de renta para acceder a ayudas— competían con la Ley Estatal de Vivienda de 2023.
El conflicto escaló cuando la Junta de Andalucía impulsó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para reclamar su competencia exclusiva en materia de vivienda. Mientras tanto, más de 120.000 solicitudes de vivienda protegida en Andalucía quedaron en suspenso, según datos de la Consejería.
El acuerdo evita un enfrentamiento judicial que podría haber alargado el bloqueo durante años, como ocurrió con la Ley de Cambio Climático de Cataluña en 2021, que tardó tres años en resolverse en los tribunales.
¿Qué se juegan ahora las partes?
Para la Junta, el acuerdo permite avanzar en su objetivo de construir 50.000 viviendas sociales antes de 2030, un compromiso incluido en el Pacto Andaluz por la Vivienda. Sin embargo, la oposición en el Parlamento autonómico —encabezada por el PP— ya ha anunciado que exigirá transparencia en los criterios de adjudicación para evitar favoritismos.
El Gobierno central, por su parte, gana un precedente que refuerza su postura en otros conflictos competenciales, como el de la Ley de Educación de Cataluña. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) confirmaron que el acuerdo sentará doctrina para futuros casos de solapamiento normativo.
La consejera Díaz evitó dar detalles sobre posibles concesiones del Gobierno, pero fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que se ha aceptado un sistema de coordinación permanente con las comunidades para evitar nuevos roces.
