Argentina endurece sanciones a empresas en las islas y anuncia base naval en Ushuaia por 450 millones; Presti vincula el reclamo a la alianza con EE.UU.
Javier Milei justificó este miércoles el endurecimiento de las sanciones contra empresas que operen en Malvinas —controladas por el Reino Unido— tras el comentario de Donald Trump sobre «revisar la posición» de EE.UU. respecto al archipiélago. El presidente argentino, en entrevista con el medio Neura, aseguró que su Gobierno «no actúa por oportunismo político», sino que el cambio responde a una estrategia consolidada desde hace tres años, alineada con la alianza con Washington.
El giro incluye la construcción de una base naval en Ushuaia (Tierra del Fuego), a 700 km de Malvinas, con un coste de 450 millones de dólares y plazo de cuatro años. El ministro de Defensa, Carlos Presti, destacó que «la alianza con EE.UU. fortalece nuestra posición para reclamar la integridad territorial». La oposición argentina ya había tachado el cambio de «oportunista», aunque analistas vinculan el movimiento a la necesidad de Milei de cambiar de agenda ante su baja popularidad de cara a las elecciones de octubre de 2027.
El Reino Unido ocupa Malvinas desde 1833, en un conflicto de soberanía que Argentina reclama desde entonces. La ONU reconoce el reclamo argentino, pero el Reino Unido lo considera un asunto bilateral. Trump, en agosto, declaró que «revisa todas las posiciones», incluyendo la de EE.UU. sobre el archipiélago, lo que Milei interpretó como una señal para intensificar el reclamo.
El presidente argentino viajará el 21 de septiembre a Nueva York, un día antes de la Asamblea General de la ONU, aunque descartó que el viaje esté ligado a la cuestión de Malvinas. Su Gobierno mantiene que el endurecimiento de sanciones y la base naval son medidas «técnicas», no electorales.
El 3 de septiembre, Milei dirigió un mensaje a la población anunciando el endurecimiento de las sanciones contra empresas que operen en las islas sin autorización de su Gobierno. En dicho comunicado, se especificó que las sanciones se aplicarán a cualquier compañía que realice actividades comerciales o de explotación en Malvinas sin la aprobación previa de las autoridades argentinas, reforzando así la posición de Argentina en el conflicto de soberanía.
