La consellera Paneque y el director de la ACA deberán aclarar si la Generalitat intervino en la retirada de fondos europeos para Tordera II y Foix
PP y Junts han registrado hoy comparecencias parlamentarias para obligar al Govern catalán a aclarar su papel en la cancelación de la financiación europea para la desalinizadora de la Tordera (Blanes), una infraestructura que podría haber recibido hasta 1.000 millones de euros del Plan de Recuperación. Según confirmaron fuentes a El Periódico, fue el Ministerio de Transiciónn Ecológica —y no Bruselas— quien retiró la medida, lo que ha desatado una crisis política en Cataluña.
La consellera de Territorio, Habitate i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, y el director de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Josep Lluís Ármente, deberán comparecer para explicar si la Generalitat conocía la decisión antes de que trascendiera públicamente. Junts exige saber desde cuándo el Ejecutivo catalán estaba al tanto y por qué no informó al Parlament. Además, preguntan si la Generalitat participó en la retirada de fondos y si dispone de documentación técnica que justifique la imposibilidad de ejecutar las obras en el plazo europeo.
El PP, por su parte, amplía el foco a la financiación futura de la planta y pregunta cuánto dinero se había solicitado inicialmente a la UE. Los diputados Jaume Veray y Eva García reclaman transparencia sobre si el Govern sabía que el Estado retiraría el proyecto del Plan de Recuperación y cómo valora la pérdida de los fondos comunitarios. La polémica también alcanza a la desalinizadora del Foix (entre Cunit y Cubelles), cuya posible exclusión del plan ya ha sido cuestionada por los populares.
La desalinizadora de la Tordera II es clave para garantizar el suministro de agua en una zona con graves problemas de sequía. Su cancelación afecta directamente a los 150.000 habitantes del Maresme y a los agricultores locales, que dependen de este recurso. El Govern, por su parte, aún no ha respondido a las preguntas parlamentarias, pero la presión política obliga a aclarar su implicación en una decisión que podría costar miles de millones en alternativas.
El conflicto refleja las tensiones entre el Ejecutivo central y las autonomías en la gestión de fondos europeos. Mientras el Ministerio de Transición Ecológica justifica la retirada por «priorizar otras inversiones», el Govern catalán se enfrenta a una crisis de credibilidad por su posible papel en la decisión. La comparecencia parlamentaria podría revelar si hubo coordinación —o falta de ella— entre Madrid y Barcelona en un proyecto estratégico para Cataluña.
