El grupo parlamentario acusa al Ejecutivo de paralizar las expulsiones y de planear 10.000 plazas de acogida fijas en la ciudad autónoma
El grupo parlamentario de Vox acudirá a los tribunales contra los miembros del Ejecutivo central por su gestión ante la crisis migratoria en Ceuta. Así lo confirmaron este miércoles sus representantes durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La formación sostiene que las medidas estatales suponen una dejación deliberada de funciones en la frontera sur.
La portavoz parlamentaria Pepa Millán dirigió sus acusaciones contra el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Durante el debate, Millán afirmó que los fondos económicos anunciados para la ciudad autónoma «son un burdo intento por comprar el silencio de los ceutíes». Asimismo, la diputada atribuyó a este episodio migratorio un saldo de «1.357 agresiones, 837 allanamientos» y más de una treintena de agresiones sexuales registradas por el Ministerio Fiscal.
Por su parte, el diputado Ignacio Gil Lázaro interpeló al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la operatividad policial en el enclave norteafricano. El representante de Vox aseguró que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas sobre el terreno. Además, denunció que la tramitación de retornos permanece bloqueada sin que Interior haya logrado ejecutar un solo expediente de expulsión.
Según cálculos expuestos por Gil Lázaro en el hemiciclo, el ritmo del triaje actual demoraría las resoluciones al menos un año y medio. El parlamentario criticó también el plan del presidente Pedro Sánchez para instalar 10.000 nuevas plazas estables de acogida. A su juicio, esta medida busca convertir a la ciudad en un campamento permanente mientras se negocian acuerdos bilaterales con el Reino de Marruecos.
La ofensiva parlamentaria de Vox busca confrontar frontalmente la política territorial de la coalición gubernamental del PSOE y Sumar. Con esta acción judicial anunciada, la formación redobla su presión contra Interior en pleno debate sobre la capacidad asistencial y el reparto de migrantes entre las distintas comunidades autónomas.
