Verónica Martínez denuncia «vejaciones sistemáticas» y pide depurar responsabilidades en el Ejército tras testimonios de agredidos
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, exigió este miércoles al Ministerio de Defensa y a su titular, Margarita Robles, que inicien una investigación urgente sobre «palizas y vejaciones» a migrantes cometidas por militares en Ceuta. La denuncia se basa en una veintena de testimonios recogidos por este medio, que describen un patrón de agresiones —incluyendo robos de dinero y teléfonos— por parte de soldados, especialmente legionarios y regulares, contra marroquíes llegados desde finales de julio. Los relatos también detallan humillaciones como obligar a raparse el pelo bajo amenaza de devolución a Marruecos.
Martínez advirtió de que estos episodios, que afectan incluso a menores, son «contrarios a los valores democráticos» del Ejército. La portavoz recordó que no son casos aislados: «No es la primera noticia sobre actos de este tipo», subrayó, y advirtió a Robles de que, si no actúa, Defensa «sería cómplice de vulneraciones de derechos humanos». La exigencia llega tras la publicación de estos testimonios, que suman un centenar de casos detectados por organizaciones en la ciudad autónoma.
El Ejército español opera en Ceuta desde el 24 de julio, cuando el Gobierno declaró el estado de alarma para gestionar el flujo migratorio. Según datos oficiales, más de 20.000 personas han llegado a la ciudad desde entonces, colapsando sus recursos. La intervención militar, inicialmente justificada para «garantizar el orden público», ha generado controversia por estos episodios, que contrastan con el discurso oficial de «protección de derechos». Organizaciones como CEAR ya habían alertado en agosto de «abusos sistemáticos» contra migrantes, aunque sin detallar casos concretos como los ahora publicados.
La presión política crece: mientras Sumar reclama una investigación formal, el PP y Vox han criticado la gestión del Gobierno, aunque sin mencionar estos hechos. Robles, por su parte, aún no ha respondido públicamente. La Fiscalía General del Estado, competente en Ceuta, no ha abierto diligencias específicas hasta la fecha, según fuentes judiciales consultadas. La gravedad radica en que estos episodios podrían configurar delitos de tortura o tratos inhumanos, según el Código Penal español.
Lo que está en juego es doble: por un lado, la credibilidad del Ejército como institución al servicio de la ciudadanía; por otro, el riesgo de que estos casos escalen en un contexto ya tenso, con Ceuta como epicentro de la crisis migratoria. La falta de respuesta rápida podría agravar la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad, ya erosionada por otros casos recientes, como las protestas en Barcelona o las acusaciones de abusos en retenciones policiales.
