Aragón, Extremadura y Castilla y León rechazan asumir competencias estatales sin resolver primero la situación individual de cada menor
Aragón, Extremadura y Castilla y León —las tres gobernadas por coaliciones PP-Vox— han rechazado participar en la reunión sectorial de infancia del próximo 13 de agosto y bloqueado el traslado de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta. Lo han comunicado por escrito a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, exigiendo que el Gobierno central resuelva primero la situación jurídica de cada menor antes de cualquier reparto autonómico.
La negativa, anunciada por los consejeros de Servicios Sociales de cada región, se basa en el principio del «interés superior del menor» y en la obligación estatal de garantizar su retorno a Marruecos. Aragón, a través de su vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), denunció que la convocatoria del Ministerio «no menciona los hechos de Ceuta» —donde más de 20.000 personas cruzaron la frontera el 27 de mayo— ni la responsabilidad del Gobierno en gestionar la crisis. La comunidad exige además que se acredite la minoría de edad de los menores y se aplique el artículo 35 de la Ley de Extranjería para localizar a sus familias en Marruecos.
Extremadura, por su parte, advirtió que «no puede asumir una competencia estatal» mientras el Gobierno no determine individualmente el paradero de cada menor. Su vicepresidente Óscar Fernández (Vox) insistió en que las autonomías «no se convertirán en receptoras de menores» sin que España cumpla primero con su obligación legal. Castilla y León, en la misma línea, recordó que el Consejo Europeo ya calificó a Marruecos como «país seguro» para el retorno de migrantes, incluyendo menores.
Las tres comunidades amenazan con impugnar judicialmente cualquier traslado que no garantice el regreso a Marruecos. El conflicto refleja la tensión entre el Gobierno central —que busca repartir la carga— y las regiones de la derecha, que exigen priorizar la devolución antes que la redistribución. La reunión del 13 de agosto, ahora en riesgo, podría escalar el enfrentamiento político.
El documento, enviado el 8 de agosto de 2026 a las 14:05, fue remitido por correo electrónico a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y contenía la solicitud de que el Gobierno central suspenda cualquier traslado de menores procedentes de Ceuta hasta que se hayan concluido los expedientes individualizados.
La carta también exigía que el Estado proporcione el expediente completo y la certificación de la situación administrativa de cada menor, y que se impugnen judicialmente los expedientes que no culminen con el retorno a Marruecos.
