El juez Ismael Moreno investiga ‘mordidas’ en obra pública vinculadas a la empresa Levantina durante la gestión del exministro de Transportes
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este viernes la sede central de ADIF en Madrid, por orden judicial del magistrado Ismael Moreno, en el marco de la investigación sobre presuntos pagos irregulares —’mordidas’— a cambio de contratos públicos amañados durante la etapa del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Los agentes entregaron un requerimiento judicial al Director de Coordinación de la Dirección General Financiera de Compras y Contratación de ADIF, Jesús María Campo Campo, para recopilar información sobre los trabajos ejecutados por la empresa Levantina, vinculada a las presuntas irregularidades. La investigación se enmarca en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
ADIF, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, gestiona infraestructuras ferroviarias clave como la red de alta velocidad y estaciones. Su Dirección General de Compras y Contratación supervisa licitaciones por un volumen anual superior a los 2.500 millones de euros, según datos oficiales de 2025. Las ‘mordidas’ investigadas afectarían a contratos de obra pública adjudicados durante la gestión de Ábalos (2021-2023), cuando el PSOE gobernaba en coalición con Unidas Podemos.
La investigación podría extenderse a otros operadores del sector, ya que Levantina ha participado en licitaciones para obras en 12 comunidades autónomas, según registros del Ministerio. El juez Moreno ya había ordenado registros previos en septiembre de 2025 contra la empresa Levantina por presuntos delitos de cohecho, aunque entonces no se involucró a ADIF.
El caso reviste especial relevancia por el impacto económico: los contratos de obra pública en infraestructuras ferroviarias representan el 15% del presupuesto anual de ADIF, y cualquier irregularidad podría derivar en anulaciones de licitaciones y sanciones millonarias. Además, afecta directamente a la Confederación Española de Empresarios de la Construcción (CECO), que ha denunciado en los últimos meses un aumento de denuncias por corrupción en el sector.
