El 10 de septiembre de 1976 el Gobierno de Suárez aprobó la Ley para la Reforma Política, que unas Cortes franquistas debían ratificar en referéndum
El Consejo de Ministros del Gobierno de Adolfo Suárez aprobó el proyecto de la Ley para la Reforma Política el 10 de septiembre de 1976. Lo remitió a las Cortes Españolas, instituciones plenamente franquistas, el 19 de octubre, para su aprobación y posterior ratificación en referéndum. La paradoja era evidente: unas instituciones nacidas de la dictadura debían decidir si abrían la puerta a la democracia.
Aquella decisión no salió de un consenso sin condiciones. Fue el resultado de un disenso profundo entre quienes ocupaban el poder. Adolfo Suárez, Torcuato Fernández-Miranda, Manuel Fraga y Alfonso Osorio no compartían el mismo proyecto de futuro. Fernández-Miranda confiaba en que los cambios podían ser radicales utilizando las propias leyes franquistas.
Para buena parte de la oposición, aquello era insuficiente. La Junta, la Plataforma y los distintos nacionalismos subestatales, con sus semejanzas y divergencias, defendían una ruptura completa con la dictadura. Había que romper con esa legalidad. Entre unas posiciones y otras terminó abriéndose un camino común.
La sociedad tampoco permaneció al margen. Huelgas, manifestaciones, asociaciones vecinales, organizaciones sindicales y partidos clandestinos presionaron para que el cambio fuera más lejos. Al mismo tiempo, la violencia política, el terrorismo y la amenaza de una reacción militar recordaban que aquella transformación no estaba garantizada. El miedo formaba parte de la vida cotidiana.
Los testimonios de quienes vivieron aquellos meses permiten entender algo que a veces se olvida al mirar la Transición desde el presente: nadie sabía cómo iba a terminar.
La abstención del PSOE y del PCE ante la ley
El PSOE quería la ruptura y decidió abstenerse ante la Ley para la Reforma Política. El Partido Comunista hizo también de la abstención una posición pragmática. No porque hubiera renunciado a sus objetivos, sino porque entendía que quedarse fuera del proceso podía ser más peligroso que participar en él.
Aquella disposición a negociar no significaba que las diferencias hubieran desaparecido. Significaba aceptar que para construir una democracia era necesario convivir con ellas. El mejor ejemplo fue la legalización del Partido Comunista. Su incorporación al nuevo sistema era imprescindible si se pretendía construir una democracia realmente inclusiva.
Su legalización exigió decisiones difíciles y acuerdos que, vistos desde las posiciones iniciales, parecían improbables. Adolfo Suárez y Santiago Carrillo tuvieron que aceptar condiciones y asumir riesgos. El PCE, por su parte, aceptó participar en unas reglas de juego que no coincidían plenamente con su proyecto político. Quedaron también al margen de las primeras elecciones otros partidos y los proyectos de los nacionalismos subestatales.
El silencio del funeral de Atocha
En enero de 1977 la violencia golpeó Madrid y asesinó a los abogados laboralistas de Atocha. La respuesta no fue devolver violencia con violencia. La multitud que acompañó el funeral lo hizo en silencio. Como recordó Alejandro Ruiz-Huerta, había que responder «con paz, libertad, democracia y serenidad».
No estaban todos de acuerdo. Pero estaban juntos en algo fundamental: la necesidad de que la violencia no decidiera el futuro. La Transición no fue un logro perfecto. Fue un proceso posible que comenzó con la Ley para la Reforma Política. Aquella transformación desde dentro del régimen pudo culminar de facto en una especie de ruptura con la Constitución del 78.
Aquel pacto fundacional dejó pendientes múltiples transiciones esenciales. Entre ellas, la modernización del ejército y las fuerzas de seguridad. También el diseño de una hacienda pública capaz de sostener la educación universal y el Estado del bienestar.
Del referéndum de 1976 a la consulta excepcional desde 1978
Durante la Transición la ciudadanía acudió a las urnas en múltiples referéndums e hitos electorales para legitimar el cambio. Desde 1978, en cambio, la consulta directa ha sido excepcional. El texto plantea por qué produce hoy tanto temor consultar a la sociedad cuando la propia democracia exige actualizar periódicamente sus normas fundamentales.
Exponer las luces, las sombras y las grietas del sistema no pone en peligro la democracia, según el autor. Solo quien se atreve a mirar las fracturas de la Constitución y sus leyes tiene la capacidad de reformarlas y someterlas a referéndum para adecuarlas al tiempo actual. En ello radica, sostiene, el sentido más profundo de la convivencia democrática.
El consenso no fue el punto de partida, sino el final de un camino de divergencias y disputas. Esa es, para el autor, la lección más urgente para la política actual. No hace falta estar de acuerdo para empezar a construir, sino aprender a discutir desde posiciones distintas para poder avanzar.
La democracia no se construye eliminando el conflicto, sino haciendo posible que el conflicto se exprese, se negocie y se transforme en acuerdos. Una sociedad plural necesita desacuerdos. Hace cincuenta años, quienes defendían la reforma, quienes querían una ruptura, quienes pretendían preservar parte del sistema anterior y quienes aspiraban a transformar radicalmente el país no dejaron de ser quienes eran para alcanzar acuerdos.
Aprendieron, con mayor o menor acierto, a construir un futuro compartido desde posiciones diferentes. Aquel tiempo estuvo lejos de ser ideal. Cada generación tiene que construir sus consensos con las herramientas que tiene a su disposición, con los conflictos que arrastra y con las preguntas que su propio tiempo plantea.
Una democracia estable no es aquella en la que desaparecen las diferencias, sino aquella capaz de integrarlas y reivindicarlas. El verdadero consenso no es el silencio, sino hacer política, desde el Parlamento a la vida cotidiana, desde el respeto a la diferencia, cimentado bajo un sistema que defienda la igualdad de derechos y oportunidades.
Francisco J. Leira-Castiñeira forma parte del departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor del ensayo ‘Retrato de la Transición. La memoria que escondimos en el desván’.
