El secretario general de JUPOL pide más policías para el triaje y Marlaska cifra en 300 las expulsiones judiciales desde agosto
Aarón Rivero, secretario general de Justicia Policial (JUPÓN), ha advertido este lunes que las expulsiones de migrantes en Ceuta no pueden realizarse «de forma rápida» por los plazos legales y la complejidad administrativa. «Hablar de un corto espacio de tiempo es, como mínimo, muy atrevido», aseguró en declaraciones a Europa Press antes de participar en unas jornadas sobre regularización de migrantes en el Congreso.
Rivero explicó que cada expediente de expulsión —que requiere triaje previo para determinar quién tiene derecho a asilo— puede dilatarse meses por recursos administrativos y judiciales. «No solo depende de la Policía, sino también de la jurisdicción y la Delegación del Gobierno», detalló. Aunque el Gobierno ha reforzado la plantilla en Ceuta (de 5‑6 a unos 40 agentes), el secretario general de JUPÓN consideró que «harían falta muchos más», ya que cada entrevista de asilo puede durar entre dos y tres horas por persona.
Mientras, Fernando Grande‑Marlaska, ministro del Interior, aseguró desde Mieres que el triaje en Ceuta «ha tomado velocidad de crucero» gracias al refuerzo policial. Marlaska cifró en 5.300 los retornos voluntarios desde agosto y en 300 las expulsiones con respaldo judicial por delitos cometidos, datos que contrastan con las críticas de Rivero sobre la imposibilidad de acelerar los plazos legales.
El procedimiento actual exige evaluar cada caso individualmente, un proceso que, según JUPÓN, se ve agravado por la falta de medios humanos y materiales. «Las instalaciones son las que tenemos y no tenemos más», resumió Rivero, quien subrayó que, sin duplicar efectivos, la capacidad de gestión se mantiene limitada.
Desde el inicio de la campaña de retornos voluntarios en agosto, la cifra de 5.300 personas ha reflejado la presión sobre los recursos de la policía de extranjería, mientras que las 300 expulsiones judiciales han sido el resultado de procesos que, según la ley, requieren la intervención de la justicia y la coordinación con la Delegación del Gobierno.
