Ruslan Kravchenko, dimitido la semana pasada, revela cargos contra el director de la NABU en una maniobra que tensa el poder judicial en Kiev
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha instado este jueves a los diputados a aprobar «cuanto antes» la destitución del fiscal general Ruslán Kravchenko, quien dimitió el pasado martes y ha desvelado en las últimas horas que ha presentado cargos penales contra Oleksandr Estérenlo, director de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU). La solicitud de Zelenski, formulada en un mensaje a los parlamentarios, llega en un contexto de creciente tensión institucional entre el poder ejecutivo y las instituciones judiciales, donde Kravchenko —cuyo nombramiento en 2023 generó polémica por su cercanía al presidente— ha emergido como figura clave en una lucha por el control de las investigaciones anticorrupción.
Kravchenko, quien anunció su dimisión el 10 de septiembre sin especificar motivos, ha revelado en las últimas 24 horas que su salida del cargo no implicaba el abandono de las investigaciones en curso. Según fuentes parlamentarias citadas por ABC, el fiscal general saliente ha formalizado ante el Tribunal Supremo una denuncia contra Estérenlo, director de la NABU desde 2021, por presuntos delitos de abuso de poder y malversación de fondos públicos durante la gestión de fondos europeos destinados a la reconstrucción posguerra. La NABU, organismo clave en la lucha contra la corrupción en Ucrania, ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de la oposición y sectores de la sociedad civil, que denuncian su politización bajo el gobierno de Zelenski.
La presión de Zelenski para acelerar el proceso de destitución de Kravchenko —cuyo mandato expira oficialmente el próximo 20 de septiembre— responde a un intento de evitar que el fiscal general saliente bloquee o manipule las investigaciones en curso. Fuentes cercanas al presidente han señalado que la maniobra de Kravchenko podría interpretarse como una estrategia para debilitar a la NABU antes de su salida, especialmente tras los cargos presentados contra Estérenlo, figura cercana al círculo de poder del presidente. La NABU, por su parte, ha negado cualquier irregularidad en la gestión de fondos y ha tachado las acusaciones de «políticas».
El precedente de la NABU y la lucha por el control judicial
La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) fue creada en 2014 como parte de las reformas anticorrupción impulsadas tras la Revolución del Maidán, con el objetivo de investigar casos de alto nivel vinculados a oligarcas y funcionarios. Desde entonces, su director —nombrado por el presidente— ha sido objeto de disputas políticas recurrentes. En 2021, la salida de Artem Sytnyk, director entre 2015 y 2021, fue seguida de una oleada de críticas por su supuesta falta de independencia, mientras que Estérenlo, su sucesor, ha enfrentado acusaciones similares desde su nombramiento. La actual crisis refleja un patrón histórico: cada cambio en la dirección de la NABU ha coincidido con tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial, especialmente en un contexto donde la guerra con Rusia ha concentrado el control de recursos y decisiones en manos del presidente.
El caso de Kravchenko añade una capa de complejidad. Nombrado en 2023 tras la destitución de su predecesor, Iryna Venediktova, por supuestos conflictos de interés, Kravchenko fue percibido desde el principio como un aliado de Zelenski. Su dimisión sorpresiva y las acusaciones contra Estérenlo —quien ha sido descrito como un «halcón» en la lucha contra la corrupción— sugieren una posible reconfiguración de alianzas internas. Analistas consultados por ABC señalan que la maniobra podría responder a una estrategia de Zelenski para neutralizar a figuras dentro del aparato judicial que, aunque leales al presidente, han mostrado resistencia a su agenda en temas como la gestión de fondos europeos o la purga de cargos públicos.
¿Qué pasa ahora en el Parlamento ucraniano?
El proceso de destitución de Kravchenko requiere el voto de dos tercios de los diputados en el Verkhovna Rada (Parlamento ucraniano), una mayoría que el partido Servidor del Pueblo —facción presidencial— no controla por sí sola. La oposición, liderada por partidos como Oposición Plataforma — Por la Vida y Batkivshchyna, podría aprovechar la situación para exigir reformas más profundas en el sistema judicial. Sin embargo, la urgencia de Zelenski —quien ha evitado hasta ahora una confrontación abierta con el Parlamento— sugiere que el presidente busca cerrar el caso antes de que las investigaciones de Kravchenko escalen y afecten a figuras clave de su gobierno.
Mientras, la NABU ha anunciado que continuará con las investigaciones iniciadas bajo la dirección de Kravchenko, incluyendo la denuncia contra Estérenlo. La respuesta del Tribunal Supremo será decisiva: si desestima los cargos, el caso podría derivar en una crisis institucional de mayor calado, con implicaciones para la percepción internacional de Ucrania como un Estado de derecho. Hasta ahora, la UE y Estados Unidos han evitado pronunciamientos públicos sobre el conflicto interno, priorizando el apoyo militar y humanitario en medio de la guerra. No obstante, fuentes diplomáticas han advertido en privado sobre el riesgo de que la politización de la justicia ucraniana afecte a la confianza en los fondos de reconstrucción prometidos por Bruselas.
