La Agencia valora si la concesión directa y los retrasos en justificar gastos incumplen la ley
La Agencia Antifraude de la Generalitat Valenciana ha abierto una investigación sobre una subvención de 80.000 euros concedida a UGT para su 43º Congreso Confederal, celebrado en Valencia en mayo de 2021. El procedimiento, gestionado desde Presidencia bajo Ximo Puig, se tramitó por concesión directa, pese a que un informe jurídico previo advirtió de que los objetivos de la ayuda no justificaban excepciones.
El foco principal recae en la concesión directa de los fondos, un procedimiento que la Abogacía General de la Generalitat consideró en mayo de 2021 que no cumplía los requisitos para ser excepcional. Según el informe, no quedó clara la imposibilidad de convocar un proceso público, y la justificación final no aportó detalles suficientes para avalar la vía rápida. Además, la orden autonómica fijó el 31 de octubre de 2021 como plazo para justificar los pagos, pero se documentaron entregas y formalizaciones en diciembre, lo que ha llevado a Antifraude a requerir el expediente completo para evaluar posibles incumplimientos.
La investigación también analizará las facturas presentadas por UGT, donde se revisará si los gastos —restauración, cartelería, personal— guardan relación directa con el congreso. El evento, celebrado en plena pandemia con mascarillas obligatorias, contó con la asistencia de Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Irene Montero, Ximo Puig y otros altos cargos, lo que elevó su perfil político. Sin embargo, el impacto real en la ciudadanía fue limitado, según fuentes citadas.
El congreso, inicialmente previsto para noviembre de 2020, se retrasó por la pandemia y se convirtió en la segunda cita confederal fuera de Madrid, tras una edición en Barcelona. La participación de Emilio Sempere, entonces colaborador cercano de Puig y ahora coordinador general del Ayuntamiento de Gandía, en la tramitación de los fondos añade un elemento de interés institucional.
La Agencia Antifraude deberá determinar si hubo irregularidades en la adjudicación, los plazos o la justificación de los gastos. Si se confirma algún incumplimiento, podría exigir el reintegro de los fondos, aunque aún no hay indicios de fraude.
