El ministro López tacha de ‘lobos solitarios’ a jueces que, según él, actúan por razones políticas para derrocar al Gobierno; el TS rechaza acusaciones de parcialidad
Pedro Sánchez ha escalado este lunes la tensión con el Tribunal Supremo tras la paralización de la ley de nietos, una medida clave para extender la nacionalidad española a descendientes de exiliados republicanos. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, calificó el fallo judicial de «salvajada» y lo vinculó directamente con una estrategia de la ultraderecha para desestabilizar la democracia, acusando a algunos jueces de actuar por «razones políticas» y no jurídicas.
Escrivá, también secretario general de los socialistas en Madrid, fue más allá durante una entrevista en TVE al señalar que existen «salva patrias» y «lobos solitarios» que, según él, responden a una llamada del expresidente José María Aznar para intentar derrocar al Gobierno. «Hay jueces que no están aplicando correctamente la justicia», afirmó, insistiendo en que estarían «empeñados en que todo vale» para alcanzar ese objetivo.
Las declaraciones llegan tras un llamamiento de la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, para moderar los ataques públicos a los magistrados durante la apertura del año judicial el pasado viernes. Perelló calificó de «imputación de extraordinaria gravedad» las acusaciones de que los jueces actúan por motivos políticos, no jurídicos. Desde el Gobierno, sin embargo, se defiende la libertad de crítica, aunque se evita generalizar. El ministro de Transportes, Óscar Puente, reiteró antes del discurso de Perelló que «hay jueces haciendo política» y situó el origen de las tensiones en la ley de amnistía para los condenados por el procés, así como en otros conflictos recientes, como la condena al fiscal general del Estado o la investigación sobre la crisis migratoria en Ceuta.
El Gobierno ya había advertido sobre las consecuencias del fallo judicial: la paralización de la ley de nietos amenaza los derechos electorales de miles de descendientes de exiliados, que podrían verse privados de votar en las próximas elecciones. Sánchez asoció el auto con una «corriente de fondo» de la ultraderecha y la derecha más radical, que cuestionaría los regímenes democráticos y difundiría «bulos» sobre supuestos pucherazos electorales.
El conflicto tiene un precedente directo en las elecciones generales de 2023, cuando el PP ganó el voto exterior gracias a la aplicación de la ley de nietos. Según datos oficiales, el recuento del voto CERA modificó un escaño, pasando del PSOE al PP. Ahora, con la medida paralizada, el Gobierno teme que la ultraderecha aproveche el vacío legal para deslegitimar el proceso electoral.
El origen de la tensión: amnistía, Ceuta y el fiscal general
Las fricciones entre el Ejecutivo y el Supremo no son nuevas. El punto de inflexión llegó con la aprobación de la ley de amnistía para los condenados por el procés, una medida que el tribunal ha cuestionado por considerar que vulnera principios constitucionales. Sin embargo, el Gobierno insiste en que se trata de una herramienta para «reconciliar» y evitar la «criminalización de la política».
Otros dos frentes han agravado la situación: la condena al fiscal general del Estado, Remigio Langa, por prevaricación en el caso de los EREs, y la investigación sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, donde una jueza acusó al Gobierno de «ocultar informes» para evitar responsabilidades. Ambos casos han sido interpretados por el Ejecutivo como intentos de «politizar la justicia» en su contra.
¿Qué se juega cada bando?
Para el Gobierno, la ley de nietos es una cuestión de derechos fundamentales y de justicia histórica. Su paralización no solo afecta a miles de ciudadanos, sino que podría debilitar su argumento de legitimidad democrática ante la ultraderecha, que ya cuestiona la transparencia de los procesos electorales. Sánchez ha advertido de que cualquier obstáculo legal podría ser usado para alimentar teorías conspirativas sobre un supuesto «pucherazo» en las próximas elecciones.
El Supremo, por su parte, defiende su independencia y rechaza cualquier acusación de parcialidad. La presidenta Perelló ha insistido en que los jueces actúan con «plena autonomía», aunque algunos sectores del tribunal han criticado en privado la «descalificación sistemática» por parte de políticos. La tensión, sin embargo, trasciende lo institucional: la ultraderecha, representada por Vox y sectores del PP, podría aprovechar el conflicto para erosionar la confianza en las instituciones, especialmente en un contexto de creciente polarización.
El PP, aunque no ha tomado postura pública sobre las declaraciones de Escrivá, ha criticado en el pasado la ley de amnistía y ha señalado que el Gobierno «abusa de la justicia» para proteger a sus aliados políticos. Vox, por su parte, ha tachado la medida de «injusticia» y ha exigido una «investigación independiente» sobre las acusaciones cruzadas. La CUP y ERC, aunque no han intervenido directamente en el conflicto, han mostrado su preocupación por la «politización de la justicia», especialmente en casos como el procés.
¿Qué pasa ahora?
El Gobierno ya ha anunciado que recurrirá el fallo del Supremo para intentar reactivar la ley de nietos antes de las próximas elecciones. Sánchez ha urgido a resolver el asunto «lo antes posible», subrayando que «los derechos de los ciudadanos no pueden estar sujetos a la voluntad de unos pocos». Sin embargo, el camino judicial será largo: el Tribunal Constitucional podría ser el siguiente paso, aunque su decisión podría tardar meses.
Mientras tanto, la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial sigue en ascenso. Las declaraciones de Escrivá y Puente han sido interpretadas como una «guerra declarada» por parte del Gobierno, aunque fuentes del Supremo insisten en que el tribunal no responderá a «provocaciones». Lo cierto es que, más allá de las palabras, el conflicto tiene consecuencias reales: la paralización de la ley de nietos deja en el limbo a miles de ciudadanos, y la escalada retórica podría agravar la crisis de confianza en las instituciones.
El próximo movimiento será clave: si el Gobierno logra reactivar la ley, podría recuperar parte de su legitimidad; si el Supremo mantiene su postura, la ultraderecha tendrá munición para atacar la democracia. En un contexto de creciente polarización, este choque podría ser solo el preludio de una batalla más amplia por el control de las instituciones.
