La portavoz popular, Ester Muñoz, acusa al Gobierno de «dejación de funciones» tras desclasificar documentos que revelarían su conocimiento previo a la llegada de 70.000 migrantes; Vox pide aplicar la vía penal por ‘traición’
Ester Muñoz, portavoz del PP, ha acusado hoy al Gobierno de Pedro Sánchez de una «mentira de Estado» tras la desclasificación de documentos que, según los populares, demuestran que la Ejecutivo «sabía todo lo que estaba pasando» antes de la llegada masiva de más de 70.000 migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio. El PP ha pedido elecciones anticipadas y ha calificado la gestión del Gobierno como una «dejación de funciones manifiesta y dolosa», responsabilizando directamente a Sánchez de los fallecidos en el episodio.
Muñoz ha asegurado que los documentos desclasificados —que el Gobierno afirma no afectan a su responsabilidad— son solo «la punta del iceberg». «Si esto es lo que han querido desclasificar para salir indemnes, ¿cómo será lo que no han desclasificado?», ha cuestionado, advirtiendo de que la información completa podría ser aún más grave. El PP se ha personado en la causa que investiga la Audiencia Nacional,, pero ha evitado pronunciarse sobre su posible impacto en el proceso judicial.
Por su parte, Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, ha escalado el tono exigiendo la activación del artículo 102 de la Constitución para juzgar al Gobierno por «traición». Millán ha acusado al Ejecutivo de «mentira criminal» y ha afirmado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cumplió su deber al advertir del riesgo, mientras el Gobierno «no hizo nada para evitarlo» y «colaboró con el invasor», en referencia a Marruecos.
Ambas formaciones han vinculado los documentos a una supuesta «invasión» —término que el Gobierno no utiliza—, aunque los datos oficiales sitúan la cifra en 70.000 personas que entraron en Ceuta en dos días, una afluencia sin precedentes en la ciudad autónoma. El PP y Vox insisten en que el Ejecutivo ocultó información clave, mientras que el Gobierno mantiene que los documentos no alteran su versión: que actuó con rapidez y coordinación con las comunidades autónomas.
La desclasificación, anunciada el pasado 6 de septiembre, ha reabierto el debate sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, donde el Gobierno ha sido criticado por su respuesta inicial, marcada por la saturación de los recursos locales y la falta de coordinación con Marruecos. La Audiencia Nacional investiga si hubo negligencia o incumplimiento de deberes por parte de las instituciones.
El contexto legal: ¿Qué permite el artículo 102?
El artículo 102 de la Constitución española establece que «las Cortes Generales, por mayoría absoluta de su Cámara, podrán acusar ante el Tribunal Supremo al Presidente del Gobierno o a los miembros del Gobierno». Para que proceda el juicio, se requiere una acusación formal por parte del Congreso, que debe ser aprobada por mayoría absoluta. Este mecanismo se ha utilizado en raras ocasiones en la democracia española, como en el caso de Rodrigo Rato (2009), aunque finalmente no prosperó.
Vox exige ahora su aplicación por «traición», un delito tipificado en el Código Penal que incluye «colaborar con el enemigo» o «entregar el territorio nacional». Sin embargo, su activación requeriría un consenso parlamentario difícil de alcanzar, dado que ni el PP ni el PSOE han mostrado hasta ahora apoyo a esta vía. El PP, por su parte, se limita a pedir elecciones, evitando por ahora entrar en el terreno penal.
Las implicaciones políticas: ¿Elecciones o juicio?
La estrategia del PP —exigir elecciones— busca capitalizar el malestar ciudadano, especialmente en Ceuta y Melilla, donde la crisis migratoria ha generado rechazo hacia el Gobierno. Según encuestas recientes, el descontento con la gestión de Sánchez en materia de seguridad y fronteras supera el 60% en estas ciudades autónomas. El PP apuesta por presentar la desclasificación como una «confesión» de responsabilidad, aunque los documentos no incluyen pruebas directas de encubrimiento.
Vox, en cambio, apuesta por la vía judicial, un camino más arriesgado pero que podría atraer a sectores de la opinión pública que ven la crisis como un «ataque» a España. Sin embargo, la activación del artículo 102 requeriría el apoyo de al menos 176 diputados —mayoría absoluta—, algo poco probable en el actual Congreso. El PSOE, por su parte, ha rechazado cualquier acusación, defendiendo que el Gobierno actuó «con diligencia» y que los documentos desclasificados no modifican su versión.
Mientras, la Audiencia Nacional avanza en su investigación, centrada en determinar si hubo omisiones graves en la respuesta institucional. El fiscal ya ha abierto diligencias previas, aunque no se ha pronunciado sobre la posible imputación de cargos políticos. La presión de PP y Vox podría acelerar el proceso, pero también aumentar la polarización en un momento en el que el Gobierno ya enfrenta críticas por su gestión económica y social.
La desclasificación de documentos ha reabierto, además, el debate sobre la transparencia en crisis de seguridad. Expertos en derecho constitucional consultados por ElectionLAB señalan que, aunque la Constitución no obliga a desclasificar información en tiempo real, el Gobierno podría haber actuado con mayor celeridad para evitar la percepción de opacidad. La pregunta ahora es si los documentos revelarán más detalles sobre las advertencias previas del CNI o si, como asegura el PP, hay información oculta que podría cambiar el curso de la investigación.
