La Policía Nacional denuncia que los inmigrantes «mandan» en la zona, con puestos ilegales y agresiones; el desalojo del Gobierno fracasó en 24 horas
Laura García, portavoz de la asociación mayoritaria de la Policía Nacional (Jupón), ha confirmado hoy que al menos 7.200 migrantes —un 10% de los 72.000 que entraron en Ceuta el 27 de julio— siguen asentados en la playa del Trampolín, donde «consideran que es su territorio» y rechazan cualquier intento de desalojo. Agentes de la UIP han advertido que los inmigrantes «dan permiso» para acceder a la zona y que, en las noches, la playa se convierte en un foco de inseguridad con robos, agresiones y consumo de drogas.
El intento del Gobierno por desalojar la playa el 20 de agosto —cuando la ministra portavoz, Elma Saiz, anunció que había quedado «vacía»— fracasó en menos de 24 horas. Según García, los 3.500 migrantes reubicados en carpas militares «vieron que tenían libertad de circulación» y regresaron al Trampolín, donde ahora hay más asentamientos que antes. «Es como la calle Preciados de Madrid», comparó la portavoz, denunciando puestos ambulantes ilegales, fuegos sin control y una impunidad que «supera a la de los propios ceutíes».
Los vecinos, cuya vida cotidiana ha cambiado radicalmente, denuncian robos, insultos y la imposibilidad de dormir por las fiestas nocturnas. «No podemos disfrutar de nuestra ciudad», aseguraron fuentes consultadas, que describieron cómo los migrantes consumen alcohol y drogas en plena vía pública. Mientras, la Policía Nacional registra un aumento de reyertas entre ellos, con agresiones con armas blancas y pedradas contra los agentes que intentan restablecer el orden.
El caso se enmarca en una crisis migratoria sin precedentes que, según datos del Ministerio del Interior, mantiene a Ceuta con una capacidad de acogida superada en un 300%. La operación del 20 de agosto —la primera de su tipo desde la invasión— no solo no logró desalojar la playa, sino que expuso la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad y la imposibilidad de contener a un grupo que, según la Policía, actúa con «impunidad absoluta». El Gobierno no ha anunciado nuevas medidas, mientras los vecinos exigen soluciones urgentes.
