Progresistas y conservadores rompen negociaciones clave para nombrar magistrados en un órgano que ha bloqueado indultos a independentistas y condenó a exministros como José Luis Ábalos
Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), enfrenta este lunes un bloqueo sin precedentes en la renovación de la Sala de lo Penal, un órgano clave que investiga a altos cargos del Estado. Cuatro plazas vacantes desde 2023 —tras las jubilaciones de Miguel Colmenero, Ángel Hurtado, Andrés Palomo y Juan Ramón Verdugo— siguen sin cubrirse por la ruptura de negociaciones entre los sectores progresista y conservador del CGPJ, según fuentes jurídicas consultadas por El Mundo.
El estancamiento amenaza con dejar sin magistrados un tribunal que en los últimos años ha rechazado indultos a líderes independentistas, condenado a exministros como José Luis Ábalos (24 años por corrupción) y ordenado investigar casos como los pagos en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz o las comisiones ilegales en el Ministerio de Transportes durante el gobierno de José Luis Ábalos.
La Sala de lo Penal, presidida por Andrés Martínez Arrieta, es el único eslabón del poder judicial que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado controlar. Su composición actual —con solo dos magistrados progresistas— ha provocado decisiones clave como la denegación de la amnistía para el delito de malversación en el 1-O o la condena a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, por revelar datos reservados del empresario Alberto González Amador.
El sector progresista del CGPJ, alineado con el Ministerio de Justicia dirigido por Félix Bolaños, ha acusado al bloque conservador de obstruir los nombramientos. Sin embargo, estos últimos rechazan ceder a un reparto que permita al Gobierno colocar candidatos afines en un tribunal que ha generado tensiones recurrentes con el Ejecutivo.
Las comparecencias de los 27 aspirantes —solo seis mujeres, entre ellas la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, y la magistrada de la Audiencia Nacional María Fernanda García Pérez— comenzaron la semana pasada, pero el clima de recelos entre ambos sectores dificulta cualquier avance. La plaza de Colmenero, vacante desde 2023, simboliza el fracaso de las negociaciones.
El peso político de la Sala de lo Penal: de los indultos del ‘procés’ a los casos del PSOE
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha sido durante los últimos años un foco de conflicto entre el Gobierno y la justicia. Su composición actual —con solo dos magistrados progresistas— ha influido en decisiones como:
- El rechazo a los indultos para los líderes del procés catalán en 2021, que obligó al Gobierno a modificar el Código Penal ad hoc para excluir el delito de malversación.
- La condena de Ábalos a 24 años de prisión en junio de 2026, basada en la colaboración del empresario Víctor de Aldama con la justicia.
- La investigación ordenada sobre los pagos en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz y las comisiones ilegales en el Ministerio de Transportes, donde está imputado el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
- La condena a García Ortiz por revelar datos reservados de González Amador, lo que llevó al Gobierno a nombrar un nuevo fiscal general.
Estos casos han convertido a la Sala en un objetivo estratégico para el Ejecutivo, que busca equilibrar su influencia en un tribunal que, a diferencia del Constitucional o la Fiscalía, no ha logrado dominar.
El bloqueo negociador: ¿quién gana y quién pierde?
El estancamiento en las negociaciones responde a dos factores clave:
- La desconfianza mutua: El sector progresista acusa al conservador de alinearse con intereses políticos opuestos al Gobierno, mientras estos últimos denuncian que los progresistas actúan como emisarios del Ministerio de Justicia. Fuentes del CGPJ señalan que los comunicados públicos del bloque progresista —como el emitido antes del inicio del año judicial— han agravado la tensión.
- El control del Gobierno sobre la Sala: El Ejecutivo depende de una mayoría cualificada de 13 votos en el CGPJ para nombrar magistrados. Sin embargo, la resistencia conservadora a ceder plazas clave —como la de Colmenero— ha paralizado el proceso. El Gobierno, según fuentes cercanas, lamenta la falta de magistrados afines en un órgano que ha generado sonados disgustos a su gestión.
Entre los aspirantes destacan José Ricardo de Prada, Eloy Velasco y Joaquín Delgado, magistrados de la Audiencia Nacional, así como Enrique López, exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el reparto de plazas sigue en el aire, con el riesgo de que las vacantes se prolonguen indefinidamente.
El bloqueo no solo afecta a la operatividad del Tribunal Supremo, sino que refuerza la percepción de una justicia polarizada. Mientras el Gobierno presiona para recuperar influencia en un órgano clave, los conservadores del CGPJ se aferran a su postura, conscientes de que cualquier nombramiento en la Sala de lo Penal tendrá repercusiones políticas inmediatas.
La próxima reunión entre ambos sectores —prevista para esta semana— será decisiva. Si no se alcanza un acuerdo, las cuatro plazas podrían permanecer vacantes durante meses, dejando al Supremo con un déficit de magistrados en un momento en el que su labor es más relevante que nunca.
