La Sala Penal aguarda la sentencia sobre Turull, que el Constitucional debatirá desde el 22 de septiembre, para aplicar el mismo criterio al resto de condenados por malversación.
El Tribunal Supremo no decidirá por separado sobre la amnistía de cada líder del ‘procés’ condenado o procesado por malversación. La Sala Penal y el instructor del caso, Pablo Llarena, esperarán a conocer la sentencia que el Tribunal Constitucional dicte sobre la demanda de amparo del exconsejero catalán Jordi Turull, prevista en principio para octubre, y a partir de ese pronunciamiento resolverán si aplican la medida de gracia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras, entre otros.
El calendario del Constitucional ya está fijado: el pleno comenzará a debatir el recurso de Turull el próximo 22 de septiembre sobre la base del texto que presente el ponente, José María Macías. La decisión del presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, es cerrar el asunto de la amnistía este otoño, a ser posible en octubre. Fuentes de la Sala Penal admiten que la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no está descartada del todo, pero reconocen que los fallos del TJUE han despejado la incógnita sobre la compatibilidad de la ley española con el Derecho europeo.
El aval de Luxemburgo y el pulso entre Macías y la mayoría del TC
El pasado 16 de julio, el TJUE dictaminó que las leyes de amnistía no se oponen al Derecho de la Unión y que la norma española no afecta a los intereses financieros de la UE ni choca con la directiva que obliga a perseguir el terrorismo. El tribunal que preside el belga Koen Lenaerts, que leyó personalmente los fallos, asumió además que la amnistía fue aprobada para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, y recordó que el legislador nacional puede imponer a los jueces la obligación de poner fin a los procedimientos en las condiciones previstas en una ley de amnistía. Ese pronunciamiento aleja la opción de que el Supremo plantee una nueva cuestión prejudicial, aunque no la descarta por completo.
Dentro y fuera del Constitucional se da por hecho que Macías propondrá respaldar la tesis del Supremo de que la ley, tal como quedó redactada por el Congreso, no es aplicable a los responsables del ‘procés’ que malversaron fondos públicos para financiar el referéndum del 1-O. Y se da igualmente por hecho que la mayoría de magistrados propuestos por el PSOE e IU tumbarán esa ponencia. Esa discrepancia anticipada prolongará la deliberación del pleno.
Qué se juegan Puigdemont y Junqueras
El alcance de la sentencia sobre Turull es doble. Por un lado, fijará el criterio que el Supremo aplicará después a los demás condenados y procesados por malversación, sin esperar a que el Constitucional resuelva una por una cada demanda. Por otro, de él depende la rehabilitación de Junqueras para ejercer cargos electos y el regreso de Puigdemont a España nueve años después de huir de la justicia. Ambos resultados están condicionados a los términos exactos de la resolución del TC y a si subsisten motivos jurídicos para que el Supremo cuestione la ley ante Luxemburgo.
El desenlace llega en un curso judicial que arrancó este septiembre con la ceremonia de apertura presidida por el Rey. La decisión del Constitucional sobre Turull se convertirá así en la pieza que determine si la amnistía alcanza o no a los condenados por malversación, el delito que el Supremo considera excluido del ámbito de la ley.
El origen de esta controversia está en los aspectos que el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional trasladaron a Luxemburgo, y que el TJUE resolvió al concluir que la ley española de amnistía no afecta a los intereses financieros de la Unión ni se opone a la directiva que obliga a los Estados miembros a perseguir el terrorismo. Con ese aval, la incógnita sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho europeo queda despejada en los términos planteados, lo que reduce el margen del Supremo para bloquear su aplicación por esa vía. La pelota queda así en el tejado del Constitucional, cuyo pronunciamiento sobre Turull marcará el paso de la Sala Penal y de Llarena para cerrar definitivamente el capítulo de la malversación en el ‘procés’.
