La gestora remite un escrito a la CNMV tras levantar el Ejecutivo su veto a tramitar la ley autonómica en el Congreso
Aena ha remitido una comunicación de información relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para calificar de inconstitucional la proposición de ley balear que reclama la cogestión de sus aeropuertos. La advertencia del gestor aeroportuario se produce inmediatamente después de que el Gobierno central retirase el veto presupuestario que bloqueaba la tramitación parlamentaria de la norma en el Congreso de los Diputados, permitiendo que el texto autonómico retome su recorrido legislativo en las Cortes Generales.
El pronunciamiento formal remitido al regulador bursátil señala que el traspaso de competencias sobre aeródromos de interés general vulnera el artículo 149.1.20 de la Constitución, precepto que otorga al Estado la titularidad exclusiva sobre estas infraestructuras. La empresa cotizada, que cuenta con un 49% de capital privado, recuerda además que la tutela operativa y normativa recae por ley en organismos estatales como la Dirección General de Aviación Civil, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
El Ejecutivo central había fundamentado inicialmente su bloqueo a la iniciativa en el impacto económico negativo sobre las cuentas de la compañía, cuantificando un posible perjuicio directo de 32,9 millones de euros antes de levantar dicho veto. Aena manifestó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores su «plena confianza en que las Cortes Generales gestionarán esta proposición asegurando en todo momento su adecuación al marco constitucional», añadiendo que adoptará «las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario y de los derechos de la sociedad y de todos sus accionistas».
La reactivación de esta norma en el Congreso coincide temporalmente con las conversaciones directas que mantiene el Gobierno de Canarias con el Ministerio de Transportes para ganar influencia en sus instalaciones insulares. La administración canaria celebró su tercera reunión negociadora el pasado 7 de septiembre con el objetivo de constituir un órgano bilateral vinculante que le permita intervenir en el Documento de Regulación Aeroportuaria, en la fijación de las tasas y en el diseño de las rutas tras haber registrado 54,7 millones de pasajeros en 2025.
Las demandas coordinadas de Baleares y Canarias ponen a prueba el modelo centralizado de red que administra la totalidad de los aeropuertos estatales bajo un esquema de caja única. Ambas comunidades justifican su reclamación en la necesidad de incorporar criterios ambientales, territoriales y de control de flujos turísticos a la planificación aeroportuaria, mientras que la dirección del operador cotizado recalca que cualquier alteración del régimen vigente compromete la seguridad jurídica y los intereses patrimoniales de sus inversores.
