El mando único confirma 200 expulsiones y tramita la filiación de cerca de 1.500 menores para su reagrupación familiar
Un plan económico dotado con 308 millones de euros coordinará la respuesta estatal ante la emergencia migratoria en Ceuta, según confirmó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Al frente del mando único establecido el pasado 25 de agosto, Torres detalló que el dispositivo puesto en marcha incluye la apertura inminente de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y la ampliación del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), con el objetivo de alcanzar 6.000 plazas provisionales en la ciudad autónoma.
Las cifras operativas facilitadas por el responsable ministerial sitúan en 3.500 las personas alojadas actualmente en instalaciones temporales habilitadas por el Gobierno, de las cuales 1.000 corresponden a menores. Paralelamente, los registros oficiales contabilizan unas 3.800 devoluciones voluntarias tramitadas desde el 10 de agosto, a las que se suman más de 200 expulsiones formales ya ejecutadas mientras continúan abriéndose nuevos expedientes administrativos.
La identificación de los perfiles resulta prioritaria para determinar el destino legal de los recién llegados, un paso indispensable que Torres contrapuso a las exigencias de expulsión inmediata formuladas por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Respecto a la infancia migrante no acompañada, los equipos técnicos mantienen ya filiados a entre 1.400 y 1.500 menores, paso previo para gestionar expedientes individuales orientados a la reagrupación con sus familias en Marruecos, vía contemplada si las autoridades del país vecino aceptan la entrega.
En caso de no completarse esas reagrupaciones familiares, la legislación española de extranjería contempla derivaciones hacia la Península conservando Ceuta la tutela legal, o bien la activación del artículo 35 para trasladar dicha tutela a las comunidades autónomas en un plazo aproximado de mes y medio. Torres reprochó a la dirección nacional del PP su rechazo parlamentario al reparto autonómico obligatorio de menores, una medida que había solicitado el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, militante de la propia formación conservadora.
Sobre la implicación de Rabat, el ministro descartó que los informes de la Dirección General de la Policía señalen actuaciones operativas imputables a las fuerzas de seguridad marroquíes durante las entradas masivas. La diplomacia y los acuerdos fronterizos siguen rigiendo la relación bilateral, un marco que Torres defendió al recordar que la cooperación con las autoridades marroquíes facilitó el retorno voluntario de nueve de cada diez personas durante los primeros días de la crisis.
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