La prórroga de los dos reactores extremeños, que aportan el 7 % de la electricidad nacional, reactiva el debate político y ecologista sin alterar el apagón nuclear previsto para 2035
El Gobierno ha autorizado la ampliación de la vida útil de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta el 8 de junio de 2030, tres años más tarde de lo previsto inicialmente, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión modifica el calendario de cierre escalonado del parque nuclear español, pero mantiene la fecha límite de 2035 para el cese definitivo de todas las plantas.
Almaraz, operada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, genera el 7 % de la electricidad consumida en España, equivalente al suministro de cuatro millones de hogares. Sus dos reactores, con una potencia conjunta de 2.093,9 megavatios, emplean a 3.000 personas de forma directa e indirecta, cifra que se eleva a 4.200 durante las paradas de recarga de combustible. La prórroga, solicitada formalmente por las eléctricas en octubre de 2025, recibió el visto bueno técnico del Consejo de Seguridad Nuclear el pasado 16 de julio tras constatar el correcto estado de las instalaciones.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, aprobado en 2019 por el Gobierno de Pedro Sánchez, establecía el cierre de Almaraz I para noviembre de 2027 y de Almaraz II para octubre de 2028. Sin embargo, el apagón eléctrico que dejó sin luz a España y Portugal el 28 de abril de 2025 reabrió el debate sobre la dependencia nuclear, generando tensiones entre los socios de coalición y el rechazo frontal de organizaciones ecologistas como Greenpeace y Ecologistas en Acción. En Extremadura, la prórroga ha sido respaldada por plataformas ciudadanas y empresariales, que organizaron manifestaciones con miles de participantes para evitar el cierre.
La decisión no altera el calendario de clausura del resto de centrales: Ascó I (Tarragona) cerrará en octubre de 2030, Cofrentes (Valencia) en noviembre del mismo año, Ascó II en septiembre de 2032, Vandellòs II (Tarragona) en febrero de 2035 y Trillo (Guadalajara) en mayo de 2035. En conjunto, las siete nucleares operativas en España aportan el 20 % de la electricidad nacional.
El ministro para la Transición Ecológica defendió la prórroga como una medida transitoria para garantizar el suministro eléctrico mientras avanzan las energías renovables. Desde la oposición, el PP ha acusado al Gobierno de «falta de coherencia» por retrasar el cierre nuclear mientras mantiene el objetivo de descarbonización para 2050. Por su parte, Sumar ha tachado la decisión de cesión a las eléctricas y ha exigido un plan alternativo para Extremadura que evite la pérdida de empleo en la región.
