La Junta impugnará judicialmente cada caso que no concluya con la devolución a Marruecos y reclama al Gobierno documentación detallada de 25 millones en fondos
La Junta de Castilla y León ha comunicado por carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que no asistirá a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del próximo 13 de agosto, convocada para aprobar el reparto de 25 millones de euros destinados a menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta.
El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, justifica la decisión en el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y en la ausencia de expedientes individualizados que determinen la situación legal de los menores llegados a Ceuta los días 30 y 31 de julio. La Junta exige que el Gobierno central resuelva previamente los procedimientos de reunificación familiar o devolución a Marruecos, país que la UE considera seguro y que ha manifestado su disposición a recibir a los menores.
El conflicto se enmarca en la aplicación del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para decidir sobre la permanencia de estos menores en España. Castilla y León argumenta que asumir su traslado sin resoluciones firmes supondría asumir las consecuencias de una competencia estatal no ejercida. Además, anuncia que impugnará judicialmente cada expediente que no concluya con el retorno a Marruecos, al considerar que es «la única opción respetuosa con la justicia y el interés del menor».
La Junta también reclama al Ministerio que remita, antes del traslado, la certificación administrativa individual de cada menor, incluyendo las actuaciones realizadas para localizar a sus familias, determinar su edad y evaluar su interés superior. Este requisito choca con la urgencia del Gobierno central, que busca distribuir los 25 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar la atención de los menores, un fondo que Castilla y León podría bloquear al ausentarse de la reunión sectorial.
El precedente más cercano se remonta a 2021, cuando Andalucía y Murcia rechazaron acoger a menores de Ceuta alegando falta de garantías legales, aunque finalmente cedieron tras un acuerdo con el Ejecutivo. En este caso, la Junta de Castilla y León eleva la presión al anunciar acciones judiciales y vincular su postura a la calificación de Marruecos como «país seguro» por parte de la UE, un argumento que refuerza su negativa a asumir responsabilidades que considera estatales.
La reunión del 13 de agosto será clave para determinar si el Gobierno logra consensuar el reparto de fondos o si el boicot de Castilla y León —una de las comunidades gobernadas por el PP— abre un nuevo frente judicial y político en la gestión migratoria.
Fuente: El Debate
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