La senadora María Pastor registra preguntas para exigir cifras desglosadas por año, provincia y nacionalidad tras la negativa del Gobierno a facilitarlas
Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía y consejero de Justicia de la Junta, ha denunciado que el Gobierno central oculta datos esenciales sobre delitos sexuales en la comunidad, un problema que ahora su partido llevará al Senado. Gavira solicitó en agosto información desglosada por provincia, tipo de delito y nacionalidad de los condenados al Ministerio de Igualdad, pero recibió como respuesta que esos datos son «públicos y accesibles» en su web.
La formación de Santiago Abascal no se conforma: considera que la información disponible no incluye detalles críticos como la nacionalidad de los agresores, necesarios para planificar recursos en una materia que ahora gestiona Vox tras entrar en el Gobierno andaluz. «¿Cómo organizamos el trabajo si no sabemos dónde están los delincuentes, qué delitos han cometido o cuántas víctimas hay en peligro?», cuestionó Paula Badanelli, portavoz adjunta de Vox en Andalucía.
El Ejecutivo central reiteró su postura el 30 de septiembre, insistiendo en que los datos son públicos, pero la senadora María Pastor anunció que registrará preguntas en el Senado para exigir cifras desagregadas por año, provincia y nacionalidad. La tensión escaló cuando el Ministerio de Igualdad criticó abiertamente al presidente andaluz, Juanma Moreno, por delegar estas competencias en Vox, advirtiendo sobre un posible «desmantelamiento» de la atención a víctimas.
Andalucía acumula el mayor número de crímenes de violencia de género en España, según datos oficiales. El conflicto refleja un choque institucional: mientras el Gobierno central defiende la transparencia, Vox reclama información operativa para actuar en una materia que ahora controla en la Junta, con recursos limitados y sin datos precisos.
El debate trasciende lo técnico: ¿Es suficiente con que los datos estén en una web si no se adaptan a las necesidades de las administraciones? La respuesta del Senado podría marcar un precedente sobre cómo se gestionan estas estadísticas en el futuro, especialmente en regiones con alta incidencia como Andalucía.
