El ministro de Política Territorial compara el lote tasado en 1,3 millones con una caja de productos típicos
Una regulación homogénea para los regalos a cargos públicos en todas las administraciones centró la propuesta formulada este jueves por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La iniciativa surgió tras conocerse la investigación judicial sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por la tenencia de más de 60 piezas de joyería en la caja fuerte de su despacho. Durante una entrevista en La Radio Canaria, el ministro comparó estas joyas con «una caja de productos típicos» entregada a un representante público para su degustación.
El pronunciamiento ministerial incide directamente en el debate sobre la transparencia institucional y los límites éticos de los obsequios recibidos durante el ejercicio del poder. Torres evitó aclarar si él habría conservado esas piezas en caso de recibirlas. El dirigente socialista reclamó fijar normas compartidas sin caer en el populismo. También defendió esperar al desenlace del proceso judicial en marcha para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.
La causa judicial permanece abierta en la Audiencia Nacional bajo la dirección del juez José Luis Calama, dentro de una pieza separada del denominado caso Plus Ultra. El expresidente Zapatero figura como investigado por presuntos delitos fiscal y de contrabando tras el hallazgo del lote, valorado inicialmente en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena. Zapatero argumentó ante el magistrado que las piezas más valiosas fueron un obsequio personal del rey saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud durante su visita oficial a España en 2007.
En el frente procesal, la defensa del expresidente formalizó este jueves la recusación de la joyería Yanes para frenar su designación como perito judicial. Zapatero alegó falta de imparcialidad y objetividad de su director general tras sugerir este en televisión que las joyas podrían alcanzar un valor de dos millones de euros. Según el escrito de la defensa, se trata de bienes singulares sin un precio de mercado estandarizado, por lo que sostiene que el valor real resulta inferior al calculado por Ansorena.
El conflicto pericial responde a la orden emitida el pasado lunes por el juez Calama a petición de la fiscalía. El ministerio público solicitó una nueva tasación para determinar el valor de mercado actual, la antigüedad aproximada y la fecha de engarce de las gemas ante la sospecha de que su precio supere las primeras estimaciones. La resolución de este informe pericial condicionará la imputación penal definitiva por contrabando y fraude fiscal, un desenlace que impacta de lleno en la reputación del PSOE y abre un dilema normativo sobre el control patrimonial de los expresidentes del Gobierno.
