El presidente del Gobierno vincula el lanzamiento de la anciana de 87 años a la gestión de la Comunidad y el consistorio capitalino durante su intervención en la Asamblea General
El presidente del Gobierno, **Pedro Sánchez**, acusó este jueves a la **Comunidad de Madrid** y al **Ayuntamiento de Madrid** de ser responsables directos del desahucio de **Maricarmen**, una anciana de 87 años desalojada en pleno centro de la capital. Lo hizo durante su intervención en la **Asamblea General de Naciones Unidas** en Nueva York, donde el caso ha trascendido fronteras.
Maricarmen, cuya situación ha conmocionado a la opinión pública española, perdió su vivienda en un desahucio que Sánchez vinculó explícitamente a las políticas y decisiones de ambas administraciones. El caso, que ya había generado una fuerte polémica en España, llega ahora a un foro internacional donde el Gobierno busca visibilizar lo que califica como un **fracaso institucional** en la protección de los colectivos vulnerables.
La **Comunidad de Madrid**, gobernada por el **Partido Popular (PP)**, y el **Ayuntamiento de Madrid**, con mayoría absoluta del mismo partido, no han reaccionado aún públicamente a las declaraciones de Sánchez. Sin embargo, el desahucio —realizado en un edificio del centro madrileño— ya había provocado reacciones en redes sociales y entre partidos políticos, con voces como las de **Íñigo Errejón (Más País)** o **Pablo Iglesias (Sumar)** exigiendo una moratoria urgente para casos similares.
El caso de Maricarmen se enmarca en un debate más amplio sobre la **ley de vivienda** y los desahucios en España, donde el Gobierno central ha impulsado medidas como la **moratoria para vulnerables**, aunque su aplicación depende en gran medida de las comunidades autónomas. La **Comunidad de Madrid**, bajo el ejecutivo de **Isabel Díaz Ayuso (PP)**, ha sido criticada en el pasado por su gestión en políticas sociales, especialmente en materia de vivienda y protección a colectivos en riesgo de exclusión.
Mientras, el **Ayuntamiento de Madrid**, liderado por **José Luis Martínez-Almeida (PP)**, ha sido señalado por organizaciones como **ADAV (Asociación de Defensa de la Vivienda)** por la lentitud en la aplicación de ayudas públicas para evitar desahucios. El desahucio de Maricarmen, según denuncian sus vecinos y asociaciones, se produjo pese a que la anciana cumplía los requisitos para acceder a protección social.
La intervención de Sánchez en la ONU no solo busca dar visibilidad al caso, sino también presionar a las administraciones implicadas. El Gobierno central, que ha defendido en repetidas ocasiones su compromiso con la lucha contra la pobreza energética y los desahucios, ahora enfrenta el reto de demostrar que sus medidas tienen un impacto real en las comunidades autónomas, donde recae la ejecución final de muchas políticas sociales.
El Gobierno presiona a los grupos para aprobar el decreto de vivienda, pero evita fijar fechas por los vetos de PP, Vox y Junts
Pedro Sánchez ha acusado este miércoles al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid de permitir que fondos buitre compren viviendas de protección oficial, mientras tacha de «tragedia social» el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, para exigir al Parlamento que apruebe el decreto de vivienda pospuesto desde el verano.
El presidente del Gobierno vinculó directamente el desahucio —ejecutado pese a ofertas anónimas para cubrir la subida de su alquiler— con la falta de medidas urgentes. «Si el Parlamento hubiera aprobado el decreto que el Gobierno llevó antes del verano, hoy no tendríamos esta situación», declaró desde Nueva York, donde evitó comprometerse a llevar el texto al Consejo de Ministros el próximo martes por los vetos cruzados de PP, Vox y Junts.
El decreto incluye una moratoria que estos partidos ya rechazaron en 2023, cuando bloquearon una propuesta similar. Sánchez insistió en que «no descartamos nada», pero sin concretar plazos, mientras Sumar —su socio parlamentario— presiona para evitar más casos como el de Maricarmen. El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, competentes en vivienda, no han respondido aún a las acusaciones.
El decreto, que el Gobierno lleva meses negociando, busca frenar desahucios y liberalizar alquileres, pero su aprobación requiere mayoría absoluta en el Congreso. La moratoria, clave para evitar ejecuciones hipotecarias, ya fue tumbada en 2023 por los mismos grupos que hoy repiten su rechazo. Sánchez, en rueda de prensa antes de intervenir en la ONU, usó el caso de Maricarmen para recordar que «las tragedias sociales tienen nombre y apellido».
Mientras, el presidente del Gobierno cerró su agenda en EE.UU. con un discurso en Harvard sobre inteligencia artificial, donde defendió un modelo económico «progresista» que combine reducción de desigualdad y crecimiento. En Nueva York, comparó su estrategia con la de alcaldes como Zoharan Mamdani (símbolo de la izquierda occidental) y el gobernador de California, Gavin Newsom, ambos críticos con Donald Trump.
