La nueva ley, que se enviará al Parlamento en octubre, endurece multas hasta 100.000 euros y crea figuras como ‘paisajes cortafuegos’ para frenar grandes incendios
María José Gómez, consejera de Medio Rural de la Xunta de Galicia, presentó este martes en el Consejo Forestal los detalles de la futura ley de incendios, que se enviará al Parlamento gallego en octubre. La norma, que renovará la vigente desde hace casi 20 años, introduce cambios clave como el endurecimiento de las sanciones por incumplimiento de limpieza de franjas forestales —hasta 100.000 euros en casos graves— y la ampliación de las distancias de seguridad en zonas estratégicas, que podrán duplicarse hasta los 100 metros desde los 50 actuales.
El texto, que se someterá a debate parlamentario tras su aprobación en el Consejo, también incluye la creación del concepto de *interfaz urbano-forestal* —territorio urbano colindante con zonas agrícolas o forestales— y la regulación obligatoria de la gestión de biomasa en estas áreas, eliminando la anterior consideración subsidiaria. Según detalló Gómez, las nuevas medidas buscan priorizar la protección de personas y bienes frente al fuego, con herramientas como órdenes verbales inmediatas para desalojos o cierres de caminos ante peligro inminente, sin necesidad de trámites administrativos previos.
Entre las novedades más técnicas, la ley incorpora figuras como los *paisajes en mosaico*, áreas estratégicas donde se implantarán actividades agrícolas o plantaciones de especies autóctonas para actuar como barreras naturales contra grandes incendios.
Un endurecimiento sin precedentes: de 100.000 euros y órdenes verbales
La principal novedad en materia sancionadora es la conversión de la limpieza de franjas forestales en una *obligación legal directa*, frente al anterior carácter subsidiario. Gómez aclaró que el incumplimiento podrá acarrear multas de hasta 100.000 euros, una cifra que supera en un 50% las sanciones máximas actuales en Galicia. Esta medida responde a la creciente frecuencia de incendios en zonas urbanas-forestales, donde la acumulación de biomasa agrava los riesgos.
Otra medida destacada es la ampliación de las distancias de seguridad en *zonas estratégicas*, donde las franjas protectoras podrán pasar de los 50 metros actuales a 100 metros. Esta decisión afecta directamente a poblaciones cercanas a masas forestales, como las comarcas de Ourense o Pontevedra, donde los incendios han causado daños recurrentes en los últimos años.
Para agilizar la respuesta ante emergencias, los agentes de la autoridad podrán dictar *órdenes verbales de ejecución inmediata*, como el desalojo de áreas recreativas o el cierre de caminos, sin esperar a trámites administrativos. Esta facultad, que ya se aplica en otras comunidades autónomas como Cataluña, busca reducir los tiempos de reacción en situaciones de alto riesgo.
El contexto: una ley de 2006 actualizada para incendios de nueva generación
La ley que se aprueba ahora renovará la vigente desde 2006, aunque esta ha sido objeto de varias modificaciones parciales. Según datos de la propia Xunta, Galicia registró en 2023 un 30% más de incendios forestales que la media de la década anterior, con un aumento especialmente significativo en zonas de interfaz urbano-forestal. Este contexto justifica la creación de figuras como los *paisajes en mosaico*, que buscan replicar soluciones ya probadas en países como Portugal o Australia, donde la gestión activa del territorio ha reducido la superficie quemada.
La consejera Gómez subrayó que la nueva normativa se enmarca en un *plan integral* que incluye también la modificación de las distancias de seguridad en redes de infraestructuras primarias y secundarias. Este aspecto afecta directamente a empresas como Endesa o Gas Natural, que operan en zonas de alto riesgo, y obliga a revisar sus protocolos de mantenimiento.
¿Qué se juegan los ayuntamientos y los propietarios de terrenos?
Los ayuntamientos gallegos, especialmente aquellos con alta densidad de población en áreas forestales —como Santiago de Compostela, Vigo o A Coruña—, verán incrementados sus costes de prevención y extinción. La ampliación de franjas protectoras y la obligatoriedad de gestionar biomasa en interfases urbanas-forestales exigirán inversiones adicionales en maquinaria y personal especializado.
Para los propietarios de terrenos forestales o agrícolas, la nueva ley implica un cambio de paradigma: la limpieza de franjas ya no será una recomendación, sino una *obligación legal con sanciones económicas*. Este aspecto podría generar tensiones con sectores como la ganadería extensiva o la agricultura tradicional, donde la gestión de biomasa no siempre es compatible con las prácticas productivas.
En el ámbito político, la medida ha sido recibida con cautela por el PP gallego, que ha solicitado garantías para los pequeños propietarios. Desde el BNG, en cambio, se ha valorado positivamente el enfoque preventivo, aunque se ha instado a la Xunta a reforzar los recursos para su aplicación. La oposición no ha anunciado aún su postura definitiva sobre el texto, que se debatirá en el Parlamento a partir de octubre.
La nueva ley también plantea desafíos técnicos, como la delimitación exacta de las *zonas estratégicas* donde se duplicarán las distancias de seguridad. Este proceso, que requerirá estudios previos de riesgo, podría retrasar la entrada en vigor de algunas medidas en áreas concretas.
