La Policía Nacional califica el ataque con insultos homófobos y de odio como delito, pero el líder de Vox vincula la violencia a las críticas al partido
Santiago Abascal ha vinculado la agresión ultra contra dos militantes de izquierdas en Oviedo —con insultos como *»rojos de mierda»*, *»maricones»* o *»Arriba España»*— a las críticas previas que, según él, recibieron los miembros de Vox en la ciudad. En lugar de condenar el ataque, el presidente del partido aseguró que *»a la gente que hace eso, luego le pasan estas cosas»*, atribuyendo la violencia a las víctimas. La Policía Nacional ya clasificó los hechos como delito de odio.
El ataque, ocurrido en un contexto de creciente polarización política, ha reavivado el debate sobre el discurso de Vox. La formación ha sido señalada en el pasado por casos de violencia vinculados a sus militantes o simpatizantes, aunque Abascal ha evitado hasta ahora asumir una postura clara sobre episodios concretos. Este episodio, sin embargo, trasciende lo anecdótico: las redes sociales han reaccionado con indignación, exigiendo que se aplique la *»ley de partidos»* —que permite la disolución de formaciones que inciten a la violencia— o calificando sus palabras como *»justificación encubierta del odio»*.
La agresión se produce en un momento en que Vox consolida su estrategia de movilización en ciudades como Oviedo, donde su presencia ha crecido en los últimos comicios municipales. Según datos del Ministerio del Interior, los delitos de odio en España aumentaron un 12% en 2025 respecto a 2024, con un incremento notable en discursos de signo ultraderechista. El caso de Oviedo, sin embargo, destaca por la respuesta institucional: la Fiscalía ya investiga si hubo *»incitación al odio»* por parte de los agresores, mientras que la oposición política —desde el PSOE hasta Podemos— ha pedido a Abascal *»claridad y condena explícita»*.
La polémica llega en un contexto de tensión social creciente, con episodios recientes como las protestas contra la reforma laboral o las movilizaciones independentistas en Cataluña. Vox, por su parte, ha intensificado su discurso de *»defensa de la unidad nacional»*, aunque casos como este ponen en cuestión su capacidad para diferenciar entre *»crítica política»* y *»legitimación de la violencia»*. La respuesta de Abascal, lejos de aclarar el asunto, ha profundizado la fractura: mientras sus seguidores en redes lo defienden como *»víctima de la corrección política»*, organizaciones como el Colectivo LGTBI+ de Asturias han denunciado *»normalización del odio»* desde el partido.
Lo que está en juego no es solo este episodio aislado, sino el marco legal que regula el discurso político en España. La *»ley de partidos»* (Ley Orgánica 6/2002) permite intervenir formaciones que promuevan la violencia, pero su aplicación requiere pruebas contundentes. Hasta ahora, ningún partido ha sido disuelto por este motivo, aunque casos como el de Oviedo podrían servir como *»precedente»* para evaluar si Vox supera los límites de la *»libertad de expresión»* —un concepto que, según juristas consultados por *Público*, debe distinguirse claramente de *»incitación al odio»*.