La magistrada pregunta a la Fiscalía si es competente para investigar la adquisición de 6,3 millones por Planifica Madrid, mientras la venta pública queda desierta
La juez del juzgado número 8 de instrucción de Madrid ha iniciado las primeras diligencias para investigar la compra del polémico ático de Chambera por parte de la Comunidad de Madrid, adquirido en abril de 2026 por más de 6,3 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid. La magistrada ha consultado a la Fiscalía si su juzgado es competente para analizar un posible delito de prevaricación en la operación, tras recibir denuncias de Más Madrid, PSOE, Iustitia Europa y dos particulares desde agosto.
La investigación se centra en la adquisición del inmueble de 590 metros cuadrados en la calle General Martínez Campos, valorado inicialmente en 6,3 millones de euros y posteriormente puesto en venta por 6,7 millones. El Gobierno regional justificó la compra como espacio de trabajo y alojamiento ocasional, pero la polémica estalló al conocerse que el vendedor era una inmobiliaria vinculada a la empresaria Astrid Gil-Casares. Tras la presión política, la Comunidad intentó vender el ático en subasta pública, pero el plazo cerró este jueves sin ninguna oferta.
La juez ha acordado separar las denuncias presentadas por el PSOE y Iustitia Europa en piezas distintas del expediente, mientras la Fiscalía evalúa si asume la investigación. La compra, realizada en abril, se enmarcó en un contexto de tensiones presupuestarias para la región, aunque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinó inicialmente los fondos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios de verano.
El contexto legal: ¿prevaricación o gestión administrativa?
La posible imputación por prevaricación —delito tipificado en el Código Penal como resolución contraria a la ley— exige demostrar que la compra incumplió normativas públicas o procesos de contratación. Según fuentes jurídicas consultadas, la clave estará en analizar si la adquisición se ajustó a los plazos y criterios de licitación, especialmente dado que el ático fue alquilado posteriormente por 3.000 euros mensuales a una empresa vinculada a la misma inmobiliaria vendedora.
El caso se suma a otros escándalos recientes en la Comunidad de Madrid, como la contratación irregular de consultores o los sobrecostes en infraestructuras, que han llevado a la oposición a exigir una auditoría independiente. El PP ya ha tachado la compra de «opaco», mientras Vox pide la dimisión de la presidenta Ayuso por «malversación de fondos».
¿Qué sigue ahora?
Si la Fiscalía considera competente al juzgado, el siguiente paso será requerir documentación a Planifica Madrid y a la Consejería de Hacienda, incluyendo los contratos originales y los informes de valoración del inmueble. La venta desierta del ático —ahora sin fecha límite— podría agravar la presión política, especialmente si se confirma que la operación benefició a intereses privados vinculados al Gobierno regional.
Mientras, la oposición insiste en que el caso revela un patrón de opacidad en la gestión de Ayuso. El PSOE ha anunciado que presentará un recurso parlamentario para investigar el origen de los fondos, mientras Más Madrid exige la apertura de una comisión de investigación en la Asamblea. La Fiscalía tiene un plazo de 10 días para responder a la juez sobre su competencia, según fuentes judiciales.
El ático, ubicado en un edificio emblemático de Madrid, fue adquirido en un momento en que la Comunidad enfrentaba recortes en sanidad y educación. Su posterior alquiler a un precio inferior al mercado —y a una empresa del mismo grupo que lo vendió— ha avivado las sospechas de tráfico de influencias, aunque aún no hay pruebas públicas que lo confirmen.
La investigación podría extenderse más allá de la prevaricación si se demuestra que la compra vulneró leyes de transparencia o contratación pública. Según el artículo 291 del Código Penal, los funcionarios que autoricen operaciones irregulares pueden enfrentar penas de prisión de uno a cuatro años. Sin embargo, los abogados consultados advierten que probar una intención delictiva —y no solo un error administrativo— será el mayor obstáculo.
La Fiscalía ha solicitado a la Consejería de Hacienda la documentación de la operación, incluyendo los expedientes de licitación y los informes de valoración, para determinar si la compra cumplió con la Ley de Contratos del Sector Público y los criterios de transparencia exigidos por la normativa autonómica.
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