La presidenta de Navarra anula el contrato tras rechazar la Intervención y la asesoría jurídica un sobrecoste de 8,3 millones en obras aún no iniciadas
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha rescindido este miércoles la adjudicación de la reforma de los túneles de Belate —valorada en 64 millones de euros— tras detectar irregularidades vinculadas a la presunta trama de corrupción liderada por Santos Cerdán y Antón Alonso. La decisión llega después de que la Intervención General del Gobierno foral y la asesoría jurídica rechazaran un sobrecoste de 8,3 millones aprobado en 2024, antes incluso de iniciar las obras.
El contrato, adjudicado en diciembre de 2024 a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona, Excavaciones Fernández Osés y Servinabar —esta última vinculada a Cerdán—, forma parte de la investigación de la Guardia Civil por presunta corrupción en Navarra. La UTE logró el encargo tras ajustar su oferta y luego solicitó el aumento de presupuesto, pero los informes presentados para justificarlo fueron desestimados por falta de rigor técnico.
La oposición navarra, especialmente UPN, acusa a Chivite de colaboración con presuntos corruptos. Su portavoz parlamentario, Javier Esparza, denunció que «el Gobierno de Navarra ha estado al servicio de presuntos corruptos» y criticó que la adjudicación dependió del presidente de la mesa de contratación, un cargo clave en el proceso. La presidenta socialista insistió en que «las obras de Belate se harán», aunque sin concretar plazos, presupuesto ni método alternativo.
El caso se enmarca en un patrón de adjudicaciones polémicas en Navarra, donde la Unidad Central Operativa (UCO) investiga desde 2023 a Cerdán y Alonso por presunta trama de sobornos y comisiones. La rescisión del contrato no exime a las empresas de posibles responsabilidades legales, pero sí cierra —por ahora— un capítulo de la obra más controvertida del Gobierno de Chivite.
Durante la comparecencia en el Parlamento de Navarra, Chivite reiteró que «Belate es obligatorio y necesario», subrayando la importancia estratégica de la obra para la conectividad entre el norte de Navarra y el sur de Francia. A pesar de la rescisión, la presidenta afirmó que el proyecto seguirá adelante, aunque se requiere un nuevo proceso de adjudicación que cumpla con los requisitos de transparencia y justificación técnica exigidos por la Intervención General.
