Ruiz Tobarra cita a bomberos, la exconsellera Pradas y al exnúmero dos de Interior, Argüeso, para esclarecer fallos en las alertas y rescates durante la riada de octubre de 2024
La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha solicitado este martes nueva información y la citación de cinco testigos clave —entre ellos la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso— para profundizar en la investigación sobre la gestión de la DANA que azotó Valencia en octubre de 2024. La jueza ha aprobado una prórroga del procedimiento hasta el 30 de abril de 2027, casi tres años después de los hechos, tras detectar inconsistencias en las comunicaciones y las alertas emitidas.
Entre los documentos solicitados destaca el libro de escalas de medición de los bomberos forestales de Buñol, que según declaró un testigo el lunes, no se consultó a tiempo durante la riada. Ruiz Tobarra también ha ordenado identificar al cámara que grabó a Pradas y Argüeso en Carlet el 29 de octubre de 2024, así como las comunicaciones registradas por Ilusión Emergencias S.A., empresa que gestionó las alertas ese día. La jueza busca contrastar las versiones sobre el desaparición de un camionero en el río Seco y los retrasos en las evacuaciones.
El procedimiento investiga si hubo fallos en la coordinación entre bomberos, la Generalitat y los ayuntamientos, especialmente en la zona de Carlet y Utiel. Según declaró un bombero de Alzira, los equipos ya realizaban rescates antes de recibir la alerta oficial, mientras que otro testigo de Buñol denunció que se retiraron a la base sin instrucciones claras sobre las 14:30 horas, pese a que el caudal seguía subiendo. La jueza ha citado también al coordinador forestal que acompañó a los bomberos de Alzira y al jefe de dotaciones de la SGISE (Sociedad Valenciana de Emergencias) para aclarar estas contradicciones.
Este caso se enmarca en la investigación abierta por presuntos delitos de prevaricación y omisión del deber en la gestión de la DANA, que dejó 12 muertos y daños por 1.200 millones de euros. La Generalitat valenciana, gobernada entonces por el PSOE en coalición con Compromís, ha sido señalada por la oposición como responsable de los retrasos en las alertas. La prórroga hasta 2027 sugiere que la jueza considera que quedan aspectos clave por esclarecer, especialmente en la comunicación entre las instituciones y los equipos de emergencia.
La investigación podría tener repercusiones políticas, ya que afecta directamente a Salomé Pradas, exconsellera de Interior con competencias en emergencias, y a Emilio Argüeso, su exnúmero dos. Ambos fueron citados como testigos, pero su implicación en las decisiones del día de la riada sigue siendo un punto clave del caso. Mientras, el PP valenciano ha exigido ya una auditoría independiente sobre la gestión de la DANA, acusando al Govern de ocultar información.
