infoLibre (artículo de opinión con datos históricos verificables)
Publicidad
El proyecto de Adolfo Suárez, aprobado el 10 de septiembre de 1976, convirtió a las instituciones franquistas en cómplices de su fin. La abstención del PSOE y el PCE, la presión social y el miedo al golpe marcaron un proceso sin garantías
Adolfo Suárez presentó el 10 de septiembre de 1976 ante el Consejo de Ministros el proyecto de Ley para la Reforma Política, un texto que las Cortes franquistas —nombradas bajo la Constitución de 1967— aprobarían el 18 de noviembre y someterían a referéndum el 15 de diciembre. La paradoja era evidente: las mismas instituciones que habían legitimado la dictadura debían votar su propia extinción. El proceso no surgió de un consenso espontáneo, sino de un disenso controlado, donde figuras como Torcuato Fernández-Miranda (defensor de cambios radicales desde el marco franquista), Manuel Fraga (partidario de una transición gradual) y Alfonso Osorio (más cercano a la ortodoxia del régimen) chocaban con una oposición cada vez más organizada, desde el PSOE hasta los nacionalismos periféricos, que exigían una ruptura con el pasado.
El proyecto, remitido a las Cortes el 19 de octubre, no era un plan unificado. Fernández-Miranda creía que la legalidad franquista podía reformarse hasta su autodestrucción, mientras el PSOE y el PCE —este último aún clandestino— optaron por la abstención en lugar de rechazar abiertamente la ley. No era una rendición: el PCE, por ejemplo, aceptó participar en el juego democrático a cambio de su legalización, un acuerdo que obligó a Santiago Carrillo a negociar con Suárez bajo la amenaza constante de un golpe militar. La violencia —asesinatos como los de Atocha en enero de 1977— recordaba que la democracia no estaba garantizada. La respuesta ciudadana, sin embargo, fue clara: miles acompañaron los funerales de los abogados laboralistas en silencio, como resumió Alejandro Ruiz-Huerta: *con paz, libertad, democracia y serenidad*.
El pacto final dejó pendientes esenciales: la modernización del ejército, la reforma fiscal para financiar el Estado del bienestar o la resolución del conflicto vasco. Pero lo más llamativo es cómo un sistema diseñado para perpetuarse se desmontó desde dentro. Las Cortes franquistas, con mayorías absolutas, aprobaron una ley que les quitaba poder. ¿Cómo fue posible?
El mecanismo legal: de la Constitución de 1967 a la Ley para la Reforma Política
La Constitución de 1967, conocida como «Ley Orgánica del Estado», era el marco legal bajo el que operaban las Cortes. Suárez y su equipo —incluyendo a José María de Areilza— diseñaron la Reforma Política como un cambio de reglas desde dentro. El artículo 5 de la ley aprobada en noviembre de 1976 permitía convocar un referéndum para una nueva Constitución,, pero con un detalle clave: las Cortes franquistas deberían disolverse tras el «sí» en las urnas. Era un suicidio institucional programado.
El proceso no fue lineal. El proyecto inicial, presentado en septiembre, fue modificado tras las elecciones de junio de 1977 —las primeras libres—, donde el PSOE (118 escaños) y el PCE (20) demostraron que la oposición podía ganar. La legalización del PCE en abril de 1977, tras meses de negociaciones, fue otro hito: Carrillo aceptó someterse a las reglas de un sistema que no compartía, mientras Suárez cedía en puntos como la amnistía para presos políticos. El acuerdo se selló en un contexto de urgencia: el riesgo de un golpe de Estado —con figuras como Milans del Bosch amenazando con intervenir— obligó a acelerar los plazos.
¿Por qué la oposición aceptó participar?
El PSOE, liderado por Felipe González, rechazó la ley en las Cortes pero no la bloqueó. Su estrategia era clara: votar «no» habría paralizado el proceso, pero abstenerse permitía mantenerse en la legalidad mientras se presionaba desde fuera. El PCE, por su parte, entendió que quedarse fuera podía aislarlo. La abstención no era una victoria, sino una táctica de supervivencia en un juego donde el enemigo común —el franquismo— era más peligroso que las diferencias internas.
La presión social fue decisiva. Huelgas como la de Vitoria en marzo de 1976 (con 200.000 trabajadores en la calle) o las manifestaciones por la amnistía demostraron que la calle no aceptaría un cambio a medias. Los nacionalismos —desde Herri Batas una en el País Vasco hasta Convergencia en Cataluña— exigían autogobierno, pero incluso ellos, divididos, priorizaron la transición sobre la ruptura. La clave estaba en el miedo compartido: ni la derecha más reaccionaria ni la izquierda más radical querían un baño de sangre.
El referéndum del 15 de diciembre: ¿un acuerdo o una tregua?
El 15 de diciembre de 1976, el 94% de los votantes apoyó la Reforma Política. Las cifras ocultaban matices: la abstención superó el 30% en zonas rurales, y el «no» ganó en algunas provincias vascas. Pero el resultado era suficiente para desbloquear el proceso. Lo siguiente sería la Constitución de 1978, donde los mismos actores —PSOE, PCE, UCD, AP— volverían a negociar, esta vez con más herramientas.
El consenso no fue el punto de partida, sino el resultado de un conflicto. Como señalaba el historiador Francisco J. Leira-Castiñeira, *la democracia no se construye eliminando el conflicto, sino haciendo posible que el conflicto se exprese, se negocie y se transforme en acuerdos*. En 1976, España demostró que era posible. Hoy, a 47 años de distancia, la pregunta sigue vigente: ¿por qué consultar a la sociedad —como hizo entonces— sigue siendo un tabú en la España de 2026?
La Reforma Política no resolvió todo. Dejó sin modernizar a las fuerzas de seguridad, sin financiar adecuadamente la educación pública y sin resolver el conflicto territorial. Pero logró algo más importante: abrió la puerta. El referéndum de 1976 fue el primer paso para que, en 1977, España eligiera a sus representantes en unas elecciones libres. La lección de aquel otoño de 1976 es clara: la democracia no es un estado final, sino un proceso de negociación constante. En 2026, con polarización creciente y desconfianza hacia las instituciones, recuperar esa capacidad de pactar desde el disenso podría ser la única manera de evitar que la historia se repita.
